«Sí hay plan B». En una rueda de prensa de dos horas, en las que ha contestado las preguntas de 20 periodistas que siguen de forma habitual la información del PP, Pablo Casado ha exigido el fin del estado de alarma y ha propuesto un plan de desescalada alternativo, que no sea «caótico y partidista», como el actual.
Casado ha confirmado que si Sánchez plantea una nueva prórroga del estado de alarma, el PP votará en contra, como ya adelantó en el último debate, en el que se abstuvo cuando se debatió la cuarta prolongación de este estado excepcional.
El líder del PP ha anunciado medidas sanitarias, económicas y jurídicas a corto, medio y largo plazo para proteger a la población y activar España con experimentados gestores: «El confinamiento no puede ser eterno».
En primer lugar, ha propuesto un pacto de Estado dentro de la Comisión para la reconstrucción en el Congreso. Un acuerdo que ha bautizado como «Pacto Cajal», en homenaje al Premio Nobel español, para adaptar el sistema de salud con financiación suficiente, potenciar la industria nacional y crear una Agencia de Salud Pública y Calidad Asistencial.
El PP propone el uso obligatorio de mascarillas en la calle y recomendable para mayores de 65 años en espacios cerrados, así como test masivos, y la puesta en marcha de la huella digital con código QR.
En el terreno económico, ha propuesto extender los ERTE hasta el 31 de diciembre, exonerar del pago de impuestos para la apertura de nuevas empresas, extensión de una tarifa plana de autónomos de 50 euros, contratos bonificados para la reincorporación al mercado laboral y establecer estímulos fiscales.
Según Casado, es posible evitar el rescate y recaudar más evitando subidas masivas de impuestos y eliminando gastos superfluos de la estructura burocrática «hiperatrofiada» del Gobierno.
Los populares ven necesario potenciar la digitalización, el teletrabajo, la flexibilización horaria y la extensión de las bajas laborales a los colectivos en riesgo.
Casado cree imprescindible también una «desescalada jurídica» con la aplicación de seis leyes para salir de la excepcionalidad constitucional y garantizar derechos y libertades.
En concreto, cree que se puede mantener el mando único con cuatro leyes: la de Salud Pública de 2011, la de Sanidad de 1986, la de Cohesión y Calidad del Sistema de Salud de 2003, y el Reglamento de lucha contra enfermedades infecciosas.
Además, la movilidad interprovincial se podría limitar con la ley de Protección Civil, la ley de Seguridad Nacional y la ley orgánica de Medidas excepcionales de Salud Pública.
Los populares entienden, además, que «el distanciamiento se debería hacer por grupos de riesgo y no por horas. De esta manera todo el mundo podría trabajar».
«No hay excusa en matener toda España en una situación de excepcionalidad constitucional», ha advertido.
