Es un mal endémico de la política española: la colonización de todos los espacios del poder por el partido de turno cada vez que hay un cambio de Gobierno tras unas elecciones. Y el PSOE no iba a ser una excepción. Decenas de directivos de empresas públicas y altos cargos de la Administración son promocionados no tanto por su cualificación profesional como por su cercanía, amistad o afinidad con los socialistas, cuando no directamente por su militancia en el partido.
Un buen ejemplo, entre otros muchos, es el del filósofo valenciano José Vicente Berlanga, íntimo amigo del ministro de Transportes y ‘número tres’ del PSOE, José Luis Ábalos. Berlanga fue nombrado presidente de la Empresa Nacional del Uranio (Enusa), con un salario bruto anual de 210.000 euros, es decir, 14 pagas de 15.000 euros mensuales cada una, pese a no tener ninguna experiencia previa en ese sector industrial. Su predecesor en el cargo, José Luis González Martínez, era ingeniero industrial con especialidad en técnicas energéticas, y llevaba casi dos décadas ocupando ese puesto.
Según un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), España es, junto a Turquía, el país donde más altos cargos son removidos de sus puestos al llegar un nuevo Gobierno. Pero la OCDE avisa: esa práctica favorece el ascenso de personas no cualificadas y daña la imagen de las instituciones. Otros países miembros, como Alemania, Holanda o Canadá, tienen en este ámbito una cultura radicalmente opuesta a la española: con el cambio de Gobierno, ni siquiera se sustituye a los miembros del gabinete de cada ministro.
Otro ejemplo muy ilustrativo de esta arraigada práctica es el de Juan Manuel Serrano, ex miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Serrano fue promovido por el líder socialista al cargo de presidente de la empresa pública Correos, con un sueldo de 191.000 euros anuales, a pesar de carecer de una experiencia previa homologable para ocupar ese puesto. Y lo mismo cabe decir de Óscar López, ex ‘número tres’ del PSOE y ex senador socialista, que ahora ocupa la presidencia de Paradores, con un salario anual de 165.000 euros.
Un estudio reciente de la Fundación BBVA sobre los costes económicos del déficit de calidad institucional, una de cuyas manifestaciones es, precisamente, el nepotismo, sostiene que para mejorar la independencia, calidad y transparencia de la Administración son necesarias “una simplificación normativa, el refuerzo de la independencia de los organismos de regulación y supervisión, y la despolitización de los niveles superiores de las administraciones públicas y sus entes instrumentales”. El estudio aboga por mejorar la efectividad de las elecciones como mecanismo de selección y control mediante el “desbloqueo de las listas electorales”.
José Félix Tezanos, militante del PSOE desde 1973, siempre estuvo vinculado a la ya desaparecida corriente ‘guerrista’ [por Alfonso Guerra] del partido. Ex miembro de la Ejecutiva socialista, su cercanía a Sánchez le ha valido para alcanzar la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Con un sueldo que ronda los 100.000 euros anuales, Tezanos está siendo muy cuestionado por los partidos de la oposición por la metodología empleada en las encuestas electorales, que supuestamente favorece al presidente del Gobierno y líder socialista.
Jesús Huerta, presidente de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, ocupó antes de ser promocionado a ese puesto el cargo de director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía. Su ‘madrina’ fue la entonces consejera de Hacienda de la Junta y hoy ministra de Hacienda en el Gobierno central, María Jesús Montero. El salario de Huerta es uno de los más altos de la Administración: 214.000 euros anuales, que casi triplica los emolumentos que percibe el presidente del Gobierno.
Otro discípulo aventajado de la ministra Montero es el ya ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, destituido de su cargo el pasado mes de octubre por su imputación en el caso de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Fernández fue consejero de Innovación, Industria y Turismo de la Junta, y, por tanto, compañero de gabinete de Montero en el Gobierno andaluz. Su sucesor en el cargo, Bartolomé Lora, es un hombre de la casa y cobra el mismo salario de Fernández, situándose en el ‘top ten’ de los mejor pagados: 220.000 euros anuales.
La SEPI es un holding público y accionista universal de empresas como Navantia, Hunosa o Tragsa, entre otras. La presidenta de Navantia, sociedad pública dedicada a la construcción naval, es Susana Sarriá, vinculada también al Gobierno andaluz a través de la Consejería de Medio Ambiente. Su sueldo anual roza los 150.000 euros. Gregorio Rabanal es el presidente de Hunosa, la hullera pública; se embolsa 160.000 euros anuales. Y Jesús Casas, presidente del grupo de empresas públicas Tragsa y ex alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente, gana 183.000 euros anuales.
Pero el mejor pagado, con diferencia, en las empresas públicas ha sido, hasta hace unas semanas, Jordi Sevilla, otro socialista ‘pata negra’. Sevilla, ex ministro en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se embolsaba 530.000 euros anuales como presidente de la empresa semipública Red Eléctrica. Pero sus diferencias y escasa sintonía con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, la también socialista Teresa Ribera, le llevó a presentar su dimisión a finales del pasado mes de enero.
