El Gobierno evita el choque institucional con el Consejo General del Poder Judicial, controlado por los conservadores, con un reparto que viene de cuando el PP tenía mayoría absoluta, pero aprieta el acelerador para presionar a los populares para su renovación, pendiente desde hace más de un año. El Ejecutivo llamará de inmediato al PP para empezar a negociar. Y exige a la oposición que desbloquee la renovación en vez de “embarrar la política”. Los populares, sin embargo, después de la elección de Dolores Delgado como fiscal general, han reafirmado su intención de mantener el bloqueo si el PSOE no cambia el sistema de elección.
El estreno del Gobierno no ha podido ser más claro. Desde el primer día, con el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general, el Ejecutivo ha visto con claridad que tendrá enfrente no solo al PP, Vox y Ciudadanos, sino también a una parte importante de la cúpula judicial, algo que puede ser decisivo en los próximos meses, en los que vienen decisiones clave que afectarán a la política catalana y por tanto a la española.
Este viernes además el Ejecutivo buscó un campo de batalla ideológico perfecto para un Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos: el veto parental que han implantado en Murcia PP y Ciudadanos por exigencia de Vox. Ambos asuntos centraron la primera comparecencia ordinaria tras el Consejo de Ministros —el martes salió de forma excepcional el presidente— que también fue muy simbólica, porque mostró la sintonía de la coalición con tres ministras en la mesa, dos del PSOE —María Jesús Montero, de Hacienda, e Isabel Celaá, de Educación— y una de Podemos, Irene Montero, de Igualdad.
Entre gestos y miradas de complicidad, las dos ministras Montero bromearon con que estas primeras reuniones se viven con “gran normalidad” pese a los duros reproches que ambos partidos se lanzaron en los últimos meses. Ambas concluyeron que el Gobierno está muy cohesionado. “No hay ministras del PSOE y de Podemos, todas lo somos del Gobierno de coalición”, resumió María Jesús Montero.
La titular de Hacienda, que se estrenaba como portavoz del Ejecutivo, fue muy clara desde el principio. El Gobierno no va a contribuir con sus declaraciones “a aumentar la crispación ni al intento de embarrar la política” que en su opinión protagoniza la oposición, pero tampoco se va a quedar quieto. Montero anunció que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tiene previsto llamar al Partido Popular para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Montero reprochó a Pablo Casado que afirme “sin pudor” que va a utilizar sus diputados, imprescindibles para cualquier acuerdo —se necesitan tres quintos del Congreso, 210 escaños— para bloquear la renovación de estas instituciones.
La también ministra de Hacienda cargó contra la oposición y le pidió que permita arrancar con calma al nuevo Gobierno y que sea leal. “Es nuestra obligación velar por la normalidad. Este país necesita que nos entendamos. Nosotros no vamos a echar leña al incendio. Esperamos que haya renovación de las instituciones. Los que están en el bloqueo deberían respetar el principio básico de la convivencia democrática, que es respetar la voluntad de los ciudadanos, que determina que a nosotros nos toca gobernar y a otros hacer una oposición leal y constructiva”.
El PP mantiene bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde diciembre de 2018. Fuentes de la dirección señalan que si Pedro Sánchez les convoca para hablar del órgano de gobierno de los jueces, acudirán “por respeto institucional” pero, como adelantó EL PAÍS, se niegan a pactar cualquier renovación si no se cambia la ley y el método de elección de los vocales del CGPJ de forma que 12 de ellos sean elegidos directamente por los jueces. Durante el Gobierno de Mariano Rajoy llegó a presentar ese proyecto, pero finalmente se echó atrás. Los populares reafirman su rechazo a negociar la renovación del organismo en la decisión del presidente de nombrar a Delgado fiscal general. “Sánchez no es de fiar”, destacó García Egea.
El PP ya bloqueó durante dos años el Poder Judicial durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: Y la composición actual del organismo le favorece, ya que hay una mayoría cómoda de vocales propuestos por sus siglas: se renovó cuando los populares, entonces con Rajoy a la cabeza, disfrutaban de una amplia mayoría absoluta. El partido no se da por aludido ante la decisión del CGPJ de paralizar todos los nombramientos como medida de presión para agilizar la renovación del organismo y no establece ninguna fecha límite para este bloqueo.
Mientras, en el Poder Judicial también se ahonda la división entre los consejeros elegidos por uno y otro partido. La vocal Concepción Sáez (propuesta por IU) defiende en el voto particular presentado este viernes sobre la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado que el órgano de gobierno de los jueces debió otorgar a la exministra de Justicia un “informe de idoneidad” como se ha hecho en anteriores ocasiones. “No hay nada en su currículo ni en su trayectoria que perturbe y comprometa el informe de idoneidad que debió otorgarle este consejo”, afirma Sáez en un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS.
La citada vocal reprocha también al Poder Judicial la declaración difundida el pasado miércoles para pedir “responsabilidad institucional” a Pablo Iglesias tras sus críticas a la actuación de la justicia española en el procés. “No parece que [este Consejo] se halle en condiciones de predicar mesura y tiento a los demás poderes del Estado ni a quienes están llamados a ostentar su representación cuando no han tenido siquiera ocasión de comenzar su andadura”, señala Concepción Sáez tras recordar que el actual CGPJ está en funciones desde diciembre de 2018.
