Pese al malestar de los independentistas catalanes en plena negociación con el PSOE de cara a la investidura de Pedro Sánchez por sus exigencias de mayor soberanía, la Generalitat volverá a acudir a la ventanilla del Estado el próximo año para pedirle financiación a bajo coste. No lejos de eso, Cataluña aumentará los fondos que reclamará al Gobierno central. Así lo señala a ABC la agencia de «rating» Moody’s, que estima que la comunidad pedirá aproximadamente unos 10.000 millones de euros el próximo año, frente a los 8.044,9 que ha recibido en 2019. Esta cantidad supondrá que la región recabará la mitad de los mecanismos de financiación que el Estado desplegará en 2020 para todas las comunidades autónomas, calcula la agencia de calificación.
La razón de que Cataluña vuelva a pedir financiación al Gobierno central es que tiene los mercados cerrados, ya que la propia Moody’s y el resto de agencias tienen su nota en «bono basura» o altamente especulativo. De los 30.000 millones de necesidades de financiación que tendrán las comunidades autónomas en 2020, 10.000 ya provienen de emisiones de bonos, calcula la agencia. Poco a poco más regiones van recobrando la normalidad y pidiendo prestado a través de los mercados.
Algo que para Cataluña será más complicado. La deuda catalana tiene un riesgo de sostenibilidad «muy alto», de acuerdo a la Autoridad Fiscal, que calcula que hasta 2040 seguirá teniendo un peligro elevado, lo que aleja la posibilidad de volver a endeudarse por su cuenta en breve, pese a lo que ha anunciado el vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, en alguna ocasión.
Hasta el momento, el Gobierno es el principal acreedor de Cataluña, al contar con un 74% de su deuda, un porcentaje superior al 59% del que dispone del total de pasivo de todas las regiones.
La comunidad ha sido la que más se ha beneficiado de los mecanismos de liquidez, al pedir 78.782 millones de euros al Estado, un 32% del total de 245.444 millones que el Gobierno ha bombeado a las regiones desde 2012. Entonces el Ejecutivo de Mariano Rajoy puso en marcha estos mecanismos extraordinarios de liquidez, con intereses bajos, para socorrer a las comunidades, que tenían los mercados cerrados en el peor momento de la crisis de la Eurozona, y no disponían de recursos para cubrir los servicios básicos.
Mayor supervisión
Sin embargo, y a falta de la reforma de la financiación autonómica, estas inyecciones se han cronificado, generando un incentivo perverso, ya que tanto las regiones díscolas como las saneadas reciben financiación barata del Estado. Mientras el «procés» iba creciendo como una bola de nieve año a año, la Generalitat también iba pidiendo más fondos al Gobierno central. El próximo año no será una excepción.
Cataluña pedirá estos 10.000 millones a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ya que la comunidad autónoma volverá a incumplir este año el objetivo de déficit, como prevé la Autoridad Fiscal. Ello implicará que estará sujeta a mayores controles económicos que en 2019 por parte del Ministerio de Hacienda, volviendo así a la situación que tenía hasta julio de 2017, año del estallido del «procés», y que tras la aplicación de mayores cautelas y del 155, se restauró en mayo de 2018.
Esta vigilancia se traduce en que el Govern remite a Hacienda planes de ajuste en los que describe las medidas que va a aplicar para sanear su situación y «desnuda» sus presupuestos. Junto a ello, la Generalitat debe detallar a Hacienda el destino de los recursos del sistema de financiación y el Ministerio puede obligar a la comunidad a aplicar medidas para reducir el gasto. Este control se levantó en 2019 ya que la comunidad autónoma cumplió en 2018 con las metas de déficit, regla de gasto y deuda.
Algo que no ocurrirá en 2019. Cataluña registraba hasta octubre un déficit del 0,2% del PIB, el doble al objetivo anual del 0,1% para las comunidades autónomas, mientras que su desembolso estaba creciendo un 5,8%, por encima del 2,7% de tope que recoge la regla de gasto. Moody’s tampoco prevé que la comunidad cumpla con la meta de alcanzar el equilibrio que las regiones tienen fijadas para 2020 y también descarta que vaya a haber un nuevo modelo de financiación el próximo año. Pese a que el pulso independentista prosigue, la situación de dependencia financiera tiene riesgo de ser crónica en los próximos años.
