Esta semana, el Gobierno de España en funciones ha anunciado en el BOE la licitación de un estudio informativo para analizar las consecuencias que tendría la liberalización del peaje de la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell tras el final de su concesión
Alguien como yo, que lleva más de quince años exigiendo medidas para reducir el altísimo número de accidentes y víctimas en el tramo aragonés de la N-II, solo puede estar satisfecha si cree que este estudio va a terminar con una decisión del Gobierno dirigida a no renovar esa concesión.
Como seguro sabréis quienes leáis esto, desde el 2013 hay trayectos por la AP-2 que están bonificados gracias a un acuerdo entre los gobiernos estatal y aragonés y Abertis. Esa ha sido una de las pocas medidas que los sucesivos gobiernos españoles han puesto en marcha para buscar soluciones. Y ha tenido que estar ahí la sociedad aragonesa pidiendo que se hiciese algo para que el Gobierno de Aragón y el de Madrid lo pusieran en marcha. Si no, esa medida no se habría tomado, igual que ningún gobierno español ha ejecutado nunca las partidas para el desdoblamiento de la N-II que se han ido aprobando dentro de los Presupuestos Generales del Estado desde los años 2004 y 2005, gracias a las negociaciones de Labordeta con el Gobierno de Zapatero. Algunos estudios llegaron a los ayuntamientos implicados hace ya más de una década y, tras las alegaciones de los municipios situados entre Alfajarín y Pina por las negativas afecciones a sus términos municipales, se decidió descartar el desdoblamiento en dicho tramo. De la posible solución para el resto de la N-II, los 77 kilómetros entre Pina y Fraga, nunca más se supo en nuestros ayuntamientos.
El pirmer paso
Tras aquel tímido paso del Gobierno de España y el de Aragón en el 2013 con las bonificaciones, la nada. Hasta que el año pasado, en enero del 2018, el Congreso de los Diputados aprobó no renovar a Abertis la concesión de la autopista AP-2 tras el 31 de agosto de 2021.
El hecho de que hayan tenido un año y más de nueve meses desde que se tomó ese acuerdo, pero no hayan publicado esta licitación hasta ahora, justamente en la única semana de campaña de este mes de noviembre, me parece de un oportunismo que no sé cómo calificar.
Es evidente que quienes usamos a diario la N-II o la AP-2 tenemos que estar felices, ya que este es el primer paso tangible que da la institución que tiene las competencias en esas carreteras, que es el Ministerio de Fomento, para solucionar el problema de seguridad vial que vivimos entre Alfajarín y Fraga. Y yo espero y deseo que sea solo desde Madrid desde donde se hagan cargo, económicamente del mantenimiento de la autopista en caso de que finalmente no se renueve la concesión con Abertis.
Pero, por otro lado, no me da mucha confianza el hecho de que pueda haber un cambio de gobierno hacia la derecha tras el 10-N, ya que el PP se abstuvo en aquella votación del Congreso en que se aprobó la no renovación de la concesión. De todos modos, no tardaremos muchos meses en saber lo que hará el nuevo gobierno, ya que a finales de enero se deberían abrir las ofertas para realizar este estudio, que tiene que finalizarse a principios de 2021. Por tanto, será el próximo ministro o ministra de Fomento quien decida si continúa la liberalización o, como ya hicieron Álvarez Cascos y Aznar, prolonga otra vez el plazo de vigencia de la concesión.
Ahora nos queda la duda de si, aunque el Estado recuperase la concesión, el peaje se eliminaría o no, ya que los gastos que ocasiona el mantenimiento de la AP-2 se han valorado en 17 millones de euros anuales, una buena suma que no es nada comparada con los 420 millones, como poco, que costaría realizar el desdoblamiento de la N-II.
Valoración y soluciones
Se tendrán que valorar, en el estudio que ahora se licita, las mejores soluciones para los enlaces entre la autopista y la N-II o la construcción de otros nuevos. Y, sobre todo, se deberá tomar la decisión clave: si el desdoblamiento se da por descartado también entre Pina y Fraga, al igual que entre Alfajarín y Pina. Si se diese el descarte, desde nuestros municipios deberíamos exigir más actuaciones para unir ambas vías, actuaciones que requerirían unos proyectos imposibles de realizar entre principios de 2021 y el 31 de agosto, fecha en que finaliza la concesión.
Por otro lado, desde el punto de vista político, la liberalización de la AP-2 es una reclamación histórica de partidos y sociedad aragonesa para buscar el fin de la alta siniestralidad en la N-II. Casi todos los grupos políticos aragoneses han puesto de manifiesto esta reivindicación en sede parlamentaria en distintas ocasiones: la última que recuerdo, el pasado mes de septiembre en las Cortes de Aragón con ocasión de la comparecencia del consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, tras el nombramiento del nuevo Gobierno.
Todo esto nos puede traer además otra consecuencia positiva para quienes vivimos en pueblos aragoneses y recorremos también muchas carreteras autonómicas: si el Gobierno de Aragón no tiene que pagar las bonificaciones que actualmente asume, tendrá un gran ahorro para invertir en nuestras carreteras, así que ganará todo Aragón. Ojalá.
