El independentismo catalán no parece haber entendido las reglas democráticas del Estado de Derecho recogidas en la Constitución y, si las ha entendido, no piensa cumplirlas. Tampoco parece que el Gobierno de España en funciones, que preside Pedro Sánchez (PSOE), tenga la intención de acotar el espacio político al aspecto meramente legal, a la espera de poder pactar con los partidos separatistas —sobre todo con ERC— tras las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, en la línea de reeditar el bloque de la moción de censura contra Mariano Rajoy (PP) de 2018. Ayer, desde el Parlamento de Cataluña y el gobierno catalán se volvió a preparar el tapete para plantear un nuevo pulso a las instituciones del Estado.
El tripartito independentista del Parlamento autonómico (JpC, ERC y la CUP) hará valer su mayoría para aprobar una resolución que, más allá de rechazar la sentencia del Tribunal Supremo que condena por sedición a algunos de los líderes del procés, señala que «reitera y reiterará» reprobar a la Monarquía, «defiende» el derecho a la autodeterminación y reivindica «la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político». Propuestas que el Tribunal Constitucional (TC) declaró ilegales y que, en todo caso, no pueden ser tratadas a nivel autonómico. Una advertencia, además, que recae sobre los miembros de la Mesa y del gobierno catalán, que tienen la obligación de impedir su tramitación.
Pese a que en la reunión de la Mesa de este martes los letrados advirtieron de que el punto de la resolución que hace estas referencias («reitera») podría exceder el marco legal, Roger Torrent (ERC), presidente parlamentario, apoyado en la mayoría secesionista, decidió tirar adelante. Después, en rueda de prensa, aseguró: «Si hay consecuencias desde un punto de vista judicial, y por tanto personal, de los miembros del Parlament y de su presidente, las asumiremos». Desde su entorno aseguraron a ABC que, pese a la discrepancia con los juristas, no habrá informe de los Servicios Jurídicos y, por lo tanto, la advertencia de los letrados se quedará en verbal, pero recogida en el acta de la reunión. El PSC pidió, sin éxito, que la opinión de los letrados se plasmara en un informe. Pero Torrent no lo permitió.
En principio, no será en el pleno de esta semana, sino en el siguiente, cuando se apruebe el texto, pero cabe la posibilidad de que los grupos independentistas fuercen un cambio en el orden del día del pleno que empieza esta mañana para introducir la propuesta.
«Sin condiciones»
Mientras la ofensiva parlamentaria la lideraba Torrent, Quim Torra, presidente de la Generalitat, quiso evidenciar ayer que el pulso al Estado de Derecho también se mantiene en el ámbito ejecutivo. Tras la reunión semanal del gobierno catalán, Torra compareció ante la prensa para anunciar un acuerdo de gobierno —a petición de él mismo— en la línea de la propuesta de resolución de JpC, ERC y la CUP.
A la ya habitual y reiterada palabrería de «rechazar» la sentencia del Supremo y defender que el independentismo es pacífico y cívico —pese a las algaradas callejeras de la semana pasada—, el gobierno catalán instó a Sánchez, una vez más, a que se siente a «dialogar sin condiciones» y acepte la propuesta de la Generalitat, que sigue pasando por la celebración de un referéndum de independencia. Para Torra, la única posibilidad de solucionar «el conflicto político» creado por los nacionalistas catalanes es que «España» reconozca a «Cataluña» como «sujeto político».
Además, el presidente de la Generalitat desveló que intentó contactar con Sánchez por «cuarto día consecutivo» y que por cuarta vez la respuesta de La Moncloa había sido la misma: el silencio. «Es una irresponsabilidad. Nadie puede entender que Sánchez no conteste al presidente de Cataluña», añadió, para seguidamente, adelantar que volverá a intentarlo.
En este contexto, la respuesta del Gobierno en funciones sigue siendo la misma: primero, la ley; después, el diálogo. Una precaución que se interpreta en clave electoral ya que, según todas las encuestas, como la publicada esta semana por ABC, si Sánchez quiere repetir en La Moncloa tras el 10-N, el líder del PSOE deberá pactar con los partidos regionalistas, los nacionalistas y los independentistas, entre los que se incluye a ERC.
Este doble juego del PSOE de Sánchez se plasma, también, a la hora de responder desde el Gobierno al pulso planteado, otra vez, por Torrent y Torra ayer mismo. Un perfil bajo que se traduce en que el Ejecutivo en funciones no tiene pensado recurrir al TC hasta que no se apruebe la propuesta de resolución en el Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, pese a la advertencia previa del TC, Sánchez no quiere empeorar sus relaciones con ERC.
