El Gobierno lleva al Tribunal Constitucional las resoluciones del Parlamento de Cataluña del pleno del 25 de julio y solicita que se advierta al presidente de la cámara autonómica, Roger Torrent, para que no promueva y paralice acciones de estas características.
Se trata de dos incidentes de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional respecto a dos resoluciones. La primera es sobre los artículos 1.1 y 1.2 en la que el Parlament se ratifica en ejercicio del derecho de autodeterminación.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha dicho que incumple las sentencias 259/2015 y 136/2018 del TC y pide que «se declare la nulidad e inmediata suspensión» de esta resolución. Del mismo modo se refiere el Ejecutivo a una segunda resolución que planteaba la reprobación de Rey Don Felipe.
Además, se solicita que se advierta personalmente al presidente del parlamento, Roger Torrent, y a los miembros de la Mesa que deben «paralizar o impedir» cualquier iniciativa «jurídica o material» sobre estos asuntos.
