Solo en dos ocasiones el Tribunal Supremo del Reino Unido (creado hace 10 años como máxima instancia judicial, para sustituir a la Cámara de los Lores) ha reunido a todos sus magistrados en pleno. Y las dos han sido por causa del Brexit.
Bajo la presidencia de la baronesa Brenda Hale, once jueces comenzaron este martes a escuchar los argumentos en contra y a favor de la decisión de Boris Johnson de suspender durante cinco semanas el Parlamento. Se trata de un duelo entre gigantes del mundo del Derecho. David Pannick, el letrado que representa a la acusación, ha sido definido por sus colegas de profesión como “el mejor abogado de su generación”. Richard Keen, con rango actual de ministro como abogado general para Escocia, ya salvó la cara al Gobierno ante el Supremo en una primera ocasión, al defender con éxito que no era necesario el consentimiento del Parlamento escocés para que comenzaran las negociaciones del Brexit.
Los dos juristas han protagonizado la primera sesión de un juicio destinado a alterar o consolidar la estructura constitucional de un país que ha visto temblar sus cimientos con la crisis del Brexit. A largo plazo, el Supremo debe decidir los límites del principio de separación de poderes, y el alcance del imperio de la ley. A corto plazo, dilucidar si Johnson cometió una ilegalidad al ocultar los verdaderos motivos por los que aconsejó a la reina que ordenara el cierre del periodo de sesiones de Westminster.
“Los hechos demostrarán que el primer ministro aconsejó a la reina la suspensión del Parlamento durante cinco semanas porque quería evitar el riesgo de que los diputados frustraran o dañaran las políticas emprendidas por su Gobierno”, ha argumentado Pannick ante los magistrados. El abogado acusó a Johnson de “comportamiento irregular” y de haber cometido con su decisión el mayor abuso de poder en 50 años de historia del Reino Unido. Respondió con aparente destreza las preguntas de los magistrados, interesados en saber cuántas leyes habían decaído por la decisión del primer ministro o si cinco semanas de suspensión eran realmente mucho tiempo. Pannick intentó que el tribunal descartara las anécdotas para centrarse en la consecuencia última de la decisión: anular la soberanía del Parlamento.
Frente a sus argumentos, el abogado del Gobierno puso sobre la mesa las convenciones y usos políticos del Reino Unido. Respaldado por la decisión previa del Alto Tribunal de Inglaterra y Gales, Lord Keen advirtió a los once jueces de que su intervención en un asunto básicamente político sería “constitucionalmente inapropiado”. Una decisión así, indicó, “arrastraría a los tribunales a terrenos donde se produce la refriega política más aguda, y donde hasta ahora han bastado para su control las leyes y las convenciones”.
La vista urgente se prolongará durante tres días, y uno de los puntos álgidos tendrá lugar este jueves, cuando el ex primer ministro John Major, quien se adhirió de inmediato a la demanda contra el Gobierno presentada por la empresaria Gina Miller, exprese sus argumentos ante los magistrados. “No vamos a interferir en el debate político que vive este país”, ha advertido la presidenta del Supremo al comenzar la sesión. “Juzgaremos el caso sin miedo y sin favoritismos, sin prejuicios y sin mala voluntad”, dijo. En la calle, cuatro decenas de manifestantes intentaban que sus voces llegaran al interior de la sala.
