Inquietud por la unidad de policías que Torra va a crear a su servicio

En un momento en que la relación entre los Mossos y el Govern pasa por una de sus peores etapas, la ocurrencia del Ejecutivo de Quim Torra de dotar al «president» -y a sus antecesores- de un servicio de escoltas que no dependa, como hasta ahora, de la prefectura del Cuerpo policial, y pase a hacerlo de la Consejería de Presidencia, inquieta a (casi) todos. El Gobierno de Pedro Sánchez lo tachó ayer de «aberrante», y la oposición en el Parlamento catalán exige explicaciones. A la intranquilidad política se une el malestar que, desde hace semanas, muestran amplios sectores de la Policía catalana.

El proceso de selección de la nueva «guardia pretoriana» del «president» entra en su última fase. Se presentaron un total de 350 mossos aspirantes para lo que oficialmente se ha bautizado como Área de Seguridad Institucional (ASI); 150 agentes han superado el primer filtro y deberán someterse a un proceso de entrevistas que se prevé que finalice el próximo 15 de abril. Una vez concluya el proceso evaluador se prevé que la nueva área comience a funcionar no antes de las elecciones municipales del 26 de mayo.

La evaluación de los candidatos la harán miembros de la subdirección general de Recursos Humanos de los Mossos, junto a un equipo de psicólogos y el inspector Marc Caparrós, el exdirector de los antidisturbios que se encargará de comandar la nueva área, según adelantó «El Periódico».

Ayer, la portavoz del Gobierno socialista, Isabel Celaá, que pidió explicaciones al Govern secesionista por esta iniciativa, recalcó que «ninguna fuerza policial» puede seleccionar a sus integrantes con «filtros ideológicos». Ante la inquietud por el nuevo organigrama y el sistema de elección, el Govern defiende que la Consejería de Presidencia, de quien dependerá el Área de Seguridad Institucional -aunque orgánicamente lo hará de la Dirección General de la Policía- no tiene ninguna participación en el proceso de evaluación. E insiste en que no valoran los perfiles ideológicos, sino la capacidad y currículum de los candidatos

A las críticas del Gobierno de Pedro Sánchez se sumaron ayer algunos movimientos en formaciones del arco parlamentario de la Cámara catalana. Ciudadanos pidió que Quim Torra comparezca en el pleno del Parlament para explicar por qué crea una unidad que «opera al margen» de los Mossos. El partido naranja reclama también que los consejeros Meritxell Budó (Presidencia) y Miquel Buch (Interior) den explicaciones, pero en su caso lo hagan en una comisión. A esta última petición se unió también el PSC.

Desde las filas de Esquerra, socio de los poscovergentes en el Govern, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, dijo ayer que respeta la «decisión interna» de Presidencia sobre la creación de este área de escoltas, pero insistió en que su escolta y la del resto de consejeros seguirá dependiendo de los Mossos d’Esquadra, como hasta ahora. No se sumarán a los cambios que plantean sus socios en el Ejecutivo secesionista.

El caso de Puigdemont

Otro de los aspectos de la iniciativa del Govern que levanta sospechas es la de si la ASI facilitará escoltas al «expresident» y procesado rebelde, Carles Puigdemont. Y es que la nueva unidad de escoltas dará protección también al consejero de Presidencia y a los expresidentes. Según aseguraron a Efe fuentes conocedoras, la ASI no nace para proporcionar escolta al expresidente fugado, y aseguran que dicho servicio para Puigdemont quedará supeditado a una autorización del Estado, que en ningún caso se ha producido.

El número exacto de efectivos de la ASI todavía se ha de concretar, pero la idea es mantener el mismo número de agentes que hay ahora. Se da la circunstancia de que varios de los aspirantes proceden ya del área actual de escoltas. Los del nuevo departamento tendrán la misma retribución que los actuales; cobrarán de la Dirección General de Policía de los Mossos, sin bien las órdenes las recibirán del Departamento de Presidencia. El nuevo organigrama es un calco del área de escoltas del Presidente del Gobierno, equiparable al de otros estados. Pero Cataluña, claro, no es un estado.