Oriol Junqueras responsabiliza a Carles Puigdemont de la convocatoria del referéndum soberanista del 1-O, una de las actuaciones independentistas de las que tendrá que responder en el Tribunal Supremo (TS) en el juicio a los líderes del “procés”, en el que la Fiscalía pide para él una condena de 25 años de prisión por rebelión y malversación.
En el escrito de defensa presentado ayer en el Alto Tribunal, su abogado, Andreu Van den Eynde, asegura que el referéndum “tal y como se acabó haciendo, no formaba parte del programa trazado desde el Govern después de las elecciones de 2015, pero acabó añadiéndose a raíz de la propuesta” de Puigdemont “efectuada durante la cuestión de confianza a que se sometió en el Parlament el 29 de septiembre de 2016” . Se decidió entonces, continúa el letrado en el escrito presentado también en representación del ex conseller Raül Romeva, “que la mejor vía para continuar era la democracia directa y las urnas, esencia del movimiento independentista”. Una iniciativa, matiza, “que compartían no sólo sectores del soberanismo sino muchos otros actores políticos que, sin ser independentistas, están comprometidos con la democracia”. Puigdemont planteó así públicamente, continúa, “la realización de un referéndum de autodeterminación que cristalizó en una resolución parlamentaria” que nunca fue impugnada, subraya.
La defensa de Junqueras -que no pide que declaren como testigos el Rey y Mariano Rajoy, como sí ha hecho la de Jordi Sánchez y los ex consellers Josep Rull y Jordi Turull– pide al tribunal que “disponga lo oportuno para dar señal de audio y video del desarrollo de las sesiones del juicio oral para su difusión pública en tiempo real por los medios de comunicación de conformidad con la evidente trascendencia pública de las actuaciones”.
Asimismo, se queja de que esta causa es “un ejemplo de instrumentalización del proceso penal para la persecución de un movimiento que, pacíficamente, ansía un objetivo político legítimo en democracia”.
Junqueras y Romeva insisten igualmente en que los acusados “tienen derecho a que el juicio oral pueda desarrollarse con la presencia dentro de la misma sala de vistas de familiares y allegados y de observadores internacionales”.
El letrado pide que declaren 95 testigos, entre ellos Puigdemont, el coronel Diego Pérez de los Cobos (responsable del operativo policial del 1-O), el diputado de ERC Gabriel Rufián y el ex secretario de Estado de Interior Ignació Cosidó.
