aleares se ha convertido en la primera Comunidad Autónoma en exigir el catalán para poder trabajar en la Sanidad pública, un hecho que, sin duda, ha generado un efecto negativo en cuanto al número de personal disponible. Sin saber catalán, no puedes ser médico en las islas. El sindicato CSIF publicaba en mayo que seis de cada diez especialistas habían sido excluidos de la Sanidad balear por no saber hablar catalán, algunos de ellos a pesar de tener más de 20 años de experiencia como profesionales sanitarios.
Por este motivo la plataforma Mos Movem, en Marcha, Let´s go, mañana presentará un escrito que impugna este decreto ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
El abogado de la plataforma formaliza demanda contra el decreto de acreditación lingüística por considerar que la mayoría sus preceptos son ilegales e inconstitucionales. Consideran que, por ejemplo, la sanción que se impondría a quien en dos años no se saque el título es anticonstitucional. Plantean además en el escrito que hay desproporcionalidad en la exigencia del catalán.
“No se le puede exigir lo mismo a un anestesista o a un cirujano, que apenas tienen que hablar con los enfermos, que a un médico de familia. No se le puede exigir un nivel de catalán a una pinche de cocina que está cortando lechugas que a una enfermera de planta”, dicen e insisten en que el decreto “no responde a una legitima aspiración de garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la prestación sanitaria, sino al propósito claro de limitar el acceso, la carrera profesional y la promoción interna a las personas que están en posesión del certificado de conocimiento de la lengua catalana, lejos de vincular esta circunstancia a las características y a las funciones propias del puesto de trabajo y sin analizar en ningún momento diferencias tan evidentes entre las funciones que desarrollan diferentes profesionales sanitarios”.
Según la plataforma, “el Gobierno de las Islas Baleares no esta habilitado por ley para regular, sancionar la perdida de derechos básicos de los empleados públicos, como son la movilidad y la carrera profesional. Además, infringe los principios de igualdad, mérito y capacidad en el ámbito de la función pública. El decreto trata de imponer y discriminar por una obsesión política -disfrazada de derecho lingüístico- sin una mínima constatación de las funciones a desarrollar por el personal sanitario y de las características del puesto de trabajo; priorizando indebidamente e injustamente los derechos lingüísticos sobre el derecho a la salud”.
Esta ley ha provocado situaciones como la que vive la Ibiza, que se ha quedado sin personal de neuropediatría ya que la única facultativa que desempeñaba este campo de la medicina ha abandonado la isla debido a la problemática con el idioma. Hasta 25 profesionales sanitarios tuvieron que abandonar la Comunidad Autónoma cuando se instauró esta nueva normativa. Baleares no tiene la capacidad para autoabastecerse de médicos, por lo que muchos de ellos provienen de otras partes de España, o incluso de más allá de nuestras fronteras y la imposición del catalán supone una frontera lingüística que dificulta el aumento de personal en las islas.
El Gobierno de Baleares aprobó, hace un año, un decreto que obligaba a los profesionales sanitarios a saber hablar catalán para poder ejercer en las islas, una situación que ha provocado un éxodo de médicos y la posterior problemática para encontrar personal que ocupe las plazas vacantes. «En Baleares siempre ha habido falta de profesionales sanitarios, sobre todo en las islas menores, un problema que se agrava al imponer estas barreras lingüísticas», cuenta a LA RAZÓN, María García, presidenta de Mos Movem, en Marcha, Let´s go.
Mos Movem considera que el decreto agrava el grave problema que sufre la sanidad balear para encontrar el personal necesario que ofrezca unos servicios sanitarios de garantías. Esta ley obliga a todos aquellos médicos que quieran trabajar en las Islas Baleares a saber catalán y exige a aquellos facultativos que no tengan una plaza en propiedad a aprobar unos exámenes lingüísticos, en un plazo máximo de dos años, para poder seguir ejerciendo. Además, aquellos profesionales que tienen su plaza en propiedad están exentos de examinarse, a no ser que quieran ocupar otra plaza en algún lugar de las islas, en ese caso si que se les exigirá el catalán.
«En el hospital Mateu Orfila, de Menorca, se marcharon dos anestesistas, un médico de familia y un psiquiatra cuando se aprobó el decreto», dice María García, que además de ser la presidenta de Mos Movem, ejerce su profesión en ese mismo hospital y se lamenta por la imposición de esta ley que supone un impedimento, a la ya existente dificultad, para encontrar médicos. «En Menorca faltan ginecólogos, cardiólogos y médicos de familia y en Ibiza, anestesistas» dice.
La persona que ha impulsado este movimiento en contra de la imposición del catalán es la empresaria Úrsula Mascaró. «Las islas menores tienen una gran dificultad para captar médicos y este decreto pone más barreras para ofrecer una Sanidad de calidad», cuenta la portavoz de Mos Movem a este periódico, que espera que el escrito de la plataforma tumbe la resolución del Gobierno Balear. El ejecutivo de Pedro Sánchez retiró el recurso que el PP había impuesto a esta ley, algo que Mos Movem considera que se debe a «cuestiones políticas» ya que quien gobierna en las Islas Baleares son los socialistas de Francina Armengol, con el apoyo de Mès por Baleares, que, según la plataforma, presionan al ejecutivo balear por imponer el catalán en la sanidad de las islas.
Mascaró acusa al Govern de “usar el catalán para rematar el sistema sanitario balear”.
