El Gobierno exige por carta a la Generalitat que explique la “dejación de funciones” de los Mossos

El Gobierno ha decidido trasladar a la Generalitat, de forma dura y con cartas de varios ministros, su inquietud por la «dejación de funciones» de los Mossos el pasado fin de semana. El Ejecutivo ha enviado varias cartas, una de la vicepresidenta, otra del ministro de Interior, y otra del de Fomento, para exigir a la Generalitat que explique qué pasó. El Ejecutivo avisa a través de una carta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que si la Generalitat no garantiza la seguridad, lo hará el Gobierno. El ministro recuerda que la ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado «en su artículo 38.2, prevé los supuestos de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando lo estimen oportuno las autoridades estatales». El Gobierno exige que los mossos ejerzan «las funciones que legalmente le incumben», «en caso contrario», señala el Ejecutivo «se ordenará la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando proceda y en términos de proporcionalidad y necesidad». Esto es, el Ejecutivo lo dice muy claro: si los mossos no garantizan la seguridad, enviará a las fuerzas del Estado.

Según el Gobierno, no se trata de una fase previa para aplicar el artículo 155, pero sí de un aviso formal y muy claro para ver qué respuesta obtiene del Ejecutivo catalán. Si no es satisfactoria, el Ejecutivo estudia tomar otras medidas más fuertes para garantizar la seguridad en Cataluña y sobre todo lograr que el Consejo de Ministros del día 21 en Barcelona no se convierta en una encerrona. «Me dirijo a ti para trasladarte nuestra inquietud», le explica la vicepresidenta a Pere Aragonés, su homólogo en la Generalitat. «Aparentemente ha existido una dejación de las funciones que tiene atribuidas ese Gobierno, con consecuencias para la seguridad pública», explica la vicepresidenta.

«Es nuestra obligación evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido», remata Calvo en un tono claramente amenazante. «Te solicitamos que nos aclares lo sucedido, en especial respecto a actuación de los mossos en los altercados ocurridos en algunos puestos de peaje», insiste.

Calvo se refiere a los incidentes vividos este fin de semana en varias autopistas de Cataluña cuando los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) cortaron varias carreteras y levantaron algunos peajes en plena operación retorno del puente de la Constitución. La vicepresidenta ha pedido esta mañana al presidente catalán, Quim Torra, que no se inhiba «cuando ocurren situaciones que provocan intranquilidad en la ciudadanía» porque «su principal obligación en Cataluña, como autoridad del Estado (…) es el mantenimiento de la seguridad y la convivencia» y ha tachado de «irresponsable e inaceptable» la actuación del president por sus declaraciones sobre la vía eslovena como camino posible hacia la independencia de Cataluña, una vía que finalizó en un conflicto armado con Yugoslavia.

La tensión llega en un momento clave, a dos días de un debate monográfico en el Congreso sobre Cataluña en el que Sánchez se verá obligado a endurecer su posición, y a 10 días de que el Consejo de Ministros se traslade a Barcelona el día 21, una cita que se está complicando cada día más. La posibilidad de que una ruptura definitiva con los independentistas lleve a un adelanto electoral aumenta la gravedad de esta nueva escalada. Dentro del propio independentismo hay mucha división sobre la estrategia a seguir y ERC ha dejado muy claro que no comparte la idea de la vía eslovena y apuesta por la llamada vía escocesa, esto es, la de un referéndum pacífico. El Gobierno tiene un contacto mucho más fluido con ERC, pero es Torra quien preside la Generalitat y Carles Puigdemont, su mentor, el que puede influir directamente sobre los ocho diputados del PDeCAT que tienen que tomar la decisión antes de enero de presentar o no una enmienda a la totalidad de los Presupuestos que acabaría con las cuentas en menos de tres semanas y abriría la puerta a que legislatura finalizase. Si no se reconduce la tensión entre el Gobierno y la Generalitat, esta salida parece cada vez menos inevitable.