Una cosa son los Idus de Marzo, y otra distinta es la intención que ahora baraja el complejo monclovita en el que hoy habita el presidente socialista, Pedro Sánchez. Entre las paredes palaciegas emerge un escenario electoral del que ya dio cuenta en su día elEconomista: elecciones en el mes de febrero o el mes de marzo. Una fecha que ha ido apareciendo de manera simultánea en el discurso de José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, y del secretario general, Pedro Sánchez.
Las encuestas que maneja Ferraz, al parecer tan favorables como las del CIS de José Félix Tezanos, arrojan un panorama optimista para los socialistas en Andalucía, y por contra un tanto decepcionantes para los populares, que en algunos sondeos se sitúan entre la tercera y cuarta plaza -aunque el PP sostiene que tienen el 28%-.
A nivel nacional, el PSOE presume de tener encuestas donde Sánchez llega a obtener el 30% de los votos, y donde ni las sociedades instrumentales de algunos de sus ministros a la hora de comprarse una casa, las conversaciones de la titular de justicia con el excomisario Villarejo, o la incapacidad de sacar leyes en el Parlamento o de aprobar unos Presupuestos Generales para 2019, y paradójicamente gobernar con los del expresidente Mariano Rajoy, parecen pasar factura.
La política basada en los anuncios y el marketing de un Gobierno que trabaja sin descanso y piensa «noche y día» en cómo revocar los recortes de la era de Rajoy calan en el electorado, considera Ferraz. En esas conquistas mediáticas que no han pasado ningún filtro normativo y que no tienen soporte legal para considerarlas reales, están el anuncio del Salario Mínimo Interprofesional y el rechazo a que los clientes paguen el impuesto que se deriva de los actos jurídicos documentados, a pesar de que algunos bancos ya estén subiendo el precio de las hipotecas.
La falta de candidatos
El PSOE ha encontrado un segundo filón en la supuesta «debilidad del equipo de Pablo Casado», concretamente en la dilatación de los tiempos a la hora de anunciar los rostros de sus candidatos a plazas tan importantes como las grandes ciudades de España y a las elecciones europeas. Claro que los socialistas tampoco pueden presumir de rápidos en esta materia. Hasta el momento han soltado la liebre de Fernando Grande-Marlaska, para Madrid, y de Josep Borrell, para Europa, sin olvidar candidaturas como la de la ministra de Economía, Nadia Calviño, para una vicepresidencia en la Comisión de la Unión Europea.
Las elecciones andaluzas cercenaron el deseo del PP de dar a conocer ya a sus principales candidatos. La fecha del 2 de diciembre ha conllevado que la Convención nacional del Partido Popular se retrase de diciembre a mediados de enero, aunque es muy posible que el próximo mes trasciendan algunos nombres, como el del candidato/a a la alcaldía de Madrid, o el candidato/a a la alcaldía de Barcelona. Mientras, crecen las especulaciones, y el PSOE aprovecha para introducir en su argumentario afirmaciones como la formulada este martes por el ministro Ábalos, criticando de lleno el polémico whatsapp de Ignacio Cosidó, de lo que coligió, el número dos de Ferraz, que «el PP es un obstáculo para la democracia», lo que ya se pudo ver en el «caso Cospedal», puntualizó.
El temor a Bruselas
La tercera pata en la que se sustenta la urgencia que tiene Moncloa por convocar elecciones generales, y a ser posible, no molestar a sus comunidades autónomas, a las que no les hace ni pizca de gracia celebrar un superdomingoen el que se les juzgue en paralelo por las manitas de Pedro Sánchez con el independentismo, está en la economía.
Desde el Ministerio que dirige Nadia Calviño se reconoce en privado que, para incluso aprobar medidas como el Salario Mínimo a través de Real Decreto, se necesita de impuestos para aumentar el gasto y así cumplir con el objetivo de déficit contraído con Europa.
El PSOE empieza a ser consciente de que, sin el apoyo de los nacionalistas catalanes -que no acaba por llegar, y quizás ahora menos si el magistrado Manuel Marchena se encarga del juicio del procés-, subir impuestos se hace tarea difícil, pues, hay muchas limitaciones a través de decretos leyes, y con proyecto de ley ordinaria también es complicado. En ambos casos, independientemente de que haya o no presupuestos, la cámara tiene que votar una subida de impuestos, en procesos que pueden llevar entre cuatro y seis meses. Y normalmente los partidos no suelen votar subidas de impuestos al margen de unos Presupuestos, por el desgaste que lleva, sostienen desde el PP y desde Ciudadanos.
Bruselas, por su parte, apremia a España a cerrar Presupuestos y tener cuadrados sus gastos. La preocupación por un efecto contagio de la prima de riesgo italiana, y en consecuencia el descontrol de las cuentas públicas, pesa entre los socialistas para dirimir que cuanto antes se celebren las elecciones, menor será para evitar el desgaste de Pedro Sánchez.
El PNV contempla elecciones, pero cree que no es la solución
El responsable del Área Institucional del EBB del PNV, Koldo Mediavilla, se dirigió al presidente del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez, para asegurar que «se equivoca» si cree que el adelanto electoral es «la solución» a la «crisis institucional» que se vive en el Estado y que «afecta profundamente» a la Justicia, pero no descarta que pueda haber comicios generales «a medio o corto plazo». Mediavilla se refirió a «la vorágine de la montaña rusa en la que se ha convertido la política española», con la renuncia por parte del juez Manuel Marchena a presidir el CGPJ, y las acusaciones mutuas entre el Partido Socialista y el Partido Popular.
A su juicio, esta «es una gota más en la crisis institucional del Estado español, que afecta profundamente al ámbito de la Justicia», y consideró que también es «una crisis democrática y de convivencia política». No obstante, señaló que, si alguien piensa que la solución viene por un adelanto electoral, «se va a equivocar» porque «la solución viene por mayor democracia, diálogo y mayor acuerdo entre partidos».
