Carles Puigdemont ha terminado sometiéndose a la disciplina del Ministerio de Hacienda, aunque puede que demasiado tarde. El expresidente del Goven presentó su declaración de bienes y actividades el pasado 14 de mayo para tratar de evitar una sanción que podría inhabilitarlo hasta cuatro años. La cartera que dirige Cristóbal Montoro le acusaba de agotar en dos ocasiones los plazos de la Ley del Régimen de Incompatibilidades de los Altos Cargos al Servicio de la Generalitat (13/2005), que obliga a los dirigentes de la Administración catalana a informar de su patrimonio e intereses en los tres meses siguientes al abandono del puesto. Puigdemont ha accedido finalmente a las exigencias de Montoro, según ha podido confirmar El Confidencial, pero Hacienda sostiene que lo ha hecho fuera de plazo y que el expediente sancionador al que se enfrenta debe seguir adelante.
Según la información remitida por el líder de JxCAT a la Consejería de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda —responsable de vigilar el cumplimiento de la ley de incompatibilidades—, su patrimonio habría experimentado durante su mandato (12/01/2016-28/10/2017) un crecimiento de 3.723 euros. Así consta ya en el registro público de altos cargos. La normativa también le obliga a presentar sus intereses (bienes, derechos y obligaciones, incluyendo la última declaración tributaria de IRPF y patrimonio) y una declaración complementaria (cónyuges o convivientes y los demás familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que ocupan puestos en la Generalitat) para tratar de demostrar que no se enriqueció ilícitamente durante el ejercicio del cargo, pero esta otra información aún no puede consultarse.
El envío de estos datos implica un cambio de estrategia. Hasta ahora, Puigdemont se había negado a facilitarlos, al considerar que seguía siendo el presidente de la Generalitat y, por tanto, nunca había abandonado el cargo. Con ese argumento, dejó expirar el primer plazo de tres meses sin proporcionarlos e hizo lo mismo cuando el Ministerio de Hacienda, que asumió las competencias de Gobernación con la entrada en vigor del 155, le notificó en Bruselas en febrero que solo disponía de 15 días adicionales para evitar incurrir en una infracción grave, sancionada por la norma con la “publicación [del expediente] en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), la destitución inmediata del alto cargo infractor y con la sanción accesoria de que [los infractores] no puedan ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo durante un periodo de hasta cuatro años”.
Inicio del proceso sancionador
Como adelantó este diario, ese incumplimiento reiterado de la Ley de Incompatibilidades provocó que Hacienda diera por terminado el periodo de requerimientos el pasado 9 de mayo y pusiera en marcha el procesosancionador. El ministerio exigió a sus delegados en el Departamento de Gobernación que le remitieran en un plazo de cinco días el nombre del instructor que se encargaría de tramitar el expediente, así como otros datos imprescindibles para que el Consejo de Ministros pudiera acordar de forma inmediata su incoación.
Ante la amenaza de una suspensión de hasta cuatro años que puede frustrar sus planes para volver al Palau, el ‘expresident’ reaccionó la semana pasada presentando sus bienes y patrimonio justo el último día de los cinco que había dado de plazo Montoro. Sin embargo, Hacienda considera que el líder de JxCAT ya había agotado entonces su margen de maniobra. Sostiene que su última oportunidad para presentar sus bienes caducó en febrero y que este último plazo de cinco días ha sido una mero trámite burocrático con Gobernación para activar la maquinaria del expediente.
Conflicto por la sanción
Lo que está en el aire ahora es qué organismo se encargará de decidir y aplicar la sanción que corresponda al máximo responsable del ‘procés’. La Ley de Altos Cargos estipula que esa labor recae en la Consejería de Gobernación, previo acuerdo del Govern. Con el 155, que continúa en vigor por un periodo indeterminado, esas atribuciones fueron desplazadas al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Sin embargo, los servicios jurídicos de Gobernación enviaron a Hacienda un informe el pasado jueves 17 de mayo en el que aseguran que la competencia sancionadora debe regresar ya a la Generalitat, al haber sido investido el nuevo ‘president’, Quim Torra.
El documento de Gobernación, al que ha tenido acceso este diario y que lleva por título ‘Informe jurídico sobre la tramitación del acuerdo de Gobierno de incoación del procedimiento sancionador al señor Carles Puigdemont i Casamajó por presunta infracción de la ley 13/2005 de 27 de diciembre’, está firmado por Francesc Xavier Uriós, que fue nombrado director general de Asuntos Contenciosos de la Generalitat por el propio Puigdemont en julio de 2017, en plena recta final del 1-O.
Uriós defiende que, después de la elección de Torra, el Ejecutivo de Rajoy ha quedado en la misma situación que cualquier Gobierno en funciones. “El artículo 18.2 de la Ley 13/2008 de 5 de noviembre de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno”, expone el informe, “dispone que el Gobierno en funciones debe facilitar el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y del traspaso de poderes, y debe ajustar su actuación a lo que dispone el artículo 27”, que establece que “el Gobierno en funciones ha de limitar su actuación al despacho ordinario de asuntos públicos, incluido el ejercicio de la potestad reglamentaria, y debe abstenerse, salvo que lo justifiquen razones de urgencia o de interés general debidamente acreditadas, de adoptar cualesquiera otras medidas”.
Para los servicios jurídicos de la Generalitat, no concurren las circunstancias de urgencia porque “no existe ningún riesgo temporal de que la eventual infracción pueda prescribir”, ni tampoco procede que inicie el trámite administrativo “un Gobierno en funciones” que, en la situación actual, apunta, “sería resuelto por un Gobierno distinto”, aunque se desconozca el tiempo que permanecerá activado el 155. Por todo ello, el informe concluye que la consejería no debe facilitar a Hacienda la información necesaria para incoar el expediente contra Puigdemont.
La contestación está siendo analizada por los servicios jurídicos de Hacienda para evaluar las posibilidades de exigir nuevamente esa información y continuar así con el proceso, ante la convicción de que el 155 sigue desplegando todos sus efectos sobre la Generalitat.
