El Gobierno de Aragón acaba de renovar su plan autonómico de control de la cadena alimentaria con el fin de reducir los riesgos cada vez más presentes en los alimentos. Los constantes cambios que se producen en un mundo globalizado han hecho necesario un nuevo programa de coordinación que, entre otras cosas, quiere rebajar los peligros «a niveles razonablemente posibles y aceptables».
Por primera vez, el plan autonómico será coordinado por tres consejerías: Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Ciudadanía y Derechos Sociales y, por último, Sanidad. El documento, firmado ayer y que tendrá una duración de tres años (hasta el 2020), busca proteger la salud humana, la sanidad animal y vegetal, la seguridad alimentaria, el bienestar animal y los intereses socioeconómicos de los consumidores.
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, definió el plan como «una herramienta imprescindible» para asegurar la seguridad y garantizar a los consumidores que cuando compran un producto «están comprando exactamente lo que quieren comprar», dijo. Así, apuntó que «la complejidad creciente» de la cadena agroalimentaria aragonesa exigía una actuación sincronizada entre los tres departamentos. Olona también destacó que la medida es «muy importante» para los agricultores, «que se sitúan dentro de los denominados bienes públicos ofrecidos al consumo final».
Retirada de productos
Aragón cuenta con cerca de 20.000 establecimientos alimentarios (incluidos cerca de 8000 comercios minoristas y algo más de 8.500 establecimientos de comidas preparadas). Cada año se llevan a cabo una media de 33.000 inspecciones, más de 500 auditorías y se interponen unas 1.300 sanciones. Para ello se cuenta con alrededor de 300 profesionales entre veterinarios, farmacéuticos o técnicos de laboratorio.
Según los últimos datos del Ejecutivo (que son del 2016), se ejecutaron 31 suspensiones de actividad, con retiradas de productos de mercado. Olona destacó que «por suerte» no hay problemas sistemáticos de salud o consumo, y que las situaciones que se han producido son «puntuales», dijo. «No estamos sometidos a crisis alimentarias y eso es porque los controles no se han dejado de hacer. Este plan no es nuevo, solo se renueva y tiene la novedad de una coordinación mixta», dijo el consejero.
El Departamento de Desarrollo Rural se ocupa de la planificación, coordinación y ejecución de los 14 programas de la DGA en el control oficial vinculados al ámbito de la producción primaria y calidad.
Por su parte, el Departamento de Sanidad es el competente en el control oficial de la cadena alimentaria de Aragón en las fases posteriores a la producción primaria. En este sentido, vigilará establecimientos y productos con repercusiones en la seguridad. El consejero del ramo, Sebastián Celaya, destacó el «importante control» que se hace en Aragón y puso en valor el servicio de guardia y vigilancia que trabaja desde Salud Pública «para actuar de inmediato ante cualquier incidencia», añadió.
Por último, el Departamento de Ciudadanía, a través de la dirección general de Protección de Consumidores y Usuarios, hará el control en las tiendas en la fase de comercio.
Correcto etiquetado
En este punto, se observará el cumplimiento de la legislación que regula el deber de informar correctamente y de manera veraz a los consumidores, la publicidad, las condiciones de venta o las prácticas comerciales.
La consejera María Victoria Broto explicó que «se garantizará la vigilancia a través de las inspecciones en el etiquetado, para que este sea correcto, responda a las características de ese producto y a su peso real», precisó.
Entre las acciones que se realizan están las campañas de inspección, actuaciones en caso de adulteración y fraude de la calidad, en el peso, precio, transacciones comerciales o condiciones de venta, toma de muestras o actos derivados de la red de alerta y denuncias.
