La ex diputada de la CUP en el Parlament de Cataluña Anna Gabriel se encuentra refugiada en Suiza y se plantea no acudir el próximo miércoles a su cita ante el juez del Tribunal Supremo Juan Pablo Llarena para declarar por un supuesto delito de rebelión. Según la informacion adelantada en exclusiva por El Periodico, Gabriel ha contactado con un abogado suizo experto en la defensa de etarras para preparar la suya después de su imputación , adelantada por El Independiente, en el marco de la investigación contra el ex Govern catalán encabezado por Carles Puigdemont.
El rotativo, que detalla que el abogado contactado por Gabriel ha defendido en otras ocasiones a miembros de ETA, cita “fuentes conocedoras de las pesquisas” que apuntan a que la exdiputada diseña desde Ginebra, junto a sus abogados, la estrategia a seguir ante la citación del juez del Supremo, Pablo Llarena.
El diario catalán se ha puesto en contacto con Benet Salellas, el también exdiputado de la CUP y abogado de Gabriel, que ha declinado confirmar dicha información, en la que se precisa que Suiza no pertenece a la UE pero sí al Espacio Schengen, que garantiza la libre circulación a los ciudadanos de los países firmantes de este tratado.
La exdiputada podría anunciar a través de las redes sociales su intención de no comparecer en el Supremo, sin desvelar en un primer momento dónde se halla, y no desvelaría su ubicación hasta el mismo miércoles en una rueda de prensa en Ginebra, añade el rotativo catalán.
Gabriel está siendo asesorada, además de por Salellas, por el letrado suizo Olivier Peter, que ha llevado casos de extradición de colaboradores de ETA como Nekane Txapartegi, arrestada en el 2016 en Zúrich
Confirmado por la CUP
La CUP ha confirmado que Gabriel se ha desplazado a Ginebra (Suiza) en las últimas semanas y asegura que el próximo martes 21 informará de la estrategia ante la comparecencia que la exdiputada debería realizar al día siguiente ante el Tribunal Supremo.
Gabriel está citada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena como imputada por la causa por presunta rebelión que se sigue contra el ex gobierno catalán y varios líderes independentistas y, según la CUP, además de ella también se han desplazado a Suiza otros miembros de la campaña “Ni una més” contra la causa judicial que se les ha abierto.
En una nota de prensa, la CUP asegura que “en el marco de la preparación de la campaña antirrepresiva, así como en la estrategia de defensa ante la causa general que se instruye desde el Supremo, consideramos absolutamente central la dimensión internacional que podemos contribuir a darle”.
En esta línea, la formación independentista asegura que el contacto con entidades, instituciones internacional y abogados vinculados a la defensa de los derechos civiles y políticos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos será una de sus estrategias prioritarias.
Participación “destacada”
Llarena recordó en un auto, fechado el pasado 22 de diciembre, que la investigación en la que está envuelta Gabriel –y por la que declaró el pasado mércoles la diputada Mireia Boya– se basa en su participación “especial y destacada” en el proceso destinado a separar Cataluña de España. Llarena actuó de conformidad con un informe de la Guardia Civil en el que se les señalaba como miembros del ‘comité estratégico’ del procés, tal y como figuraba en los documentos intervenidos a los altos cargos de la Generalitat detenidos los pasados días 20 y 21 de septiembre. Entre ellos, el ya célebre documento EnfoCATs en el que se describía paso por paso la hoja de ruta del procés.
La CUP fue una fuerza determinante en la última legislatura en el Parlamento catalán tras apoyar la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat en enero de 2016 después de las elecciones autonómicas celebradas el 27-S de 2015 y de obligar a Junts pel Sí a ‘sacrificar’ a Artur Mas. La portavocía del grupo anticapitalista la ha ocupado Anna Gabriel, que no podrá repetir en los comicios del mes que viene por la limitación que establecen los estatutos de la CUP.
Desde hace meses, Gabriel ha sido una de las voces más activas a favor de la celebración del referéndum de autodeterminación -celebrado pese a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional-, alentó a la ciudadanía a secundar la huelga general secundada el pasado 3 de octubre como “respuesta sin precedentes” contra el intento con el que el Estado trató de frustrar la consulta ilegal el 1-0 y fue uno de los diputados que votaron a favor de las leyes del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica, con las que los independentistas trataron de dar una aparente cobertura jurídica al proceso.
