Un informe revela que los cambios de Santisteve en las sociedades podrían suponer «fraude de ley»

Un informe de la Universidad de Zaragoza dice que los cambios realizados por el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, en las sociedades municipales podrían suponer “fraude de ley”.

La oposición ha hecho público hoy este informe, ha anunciado que lo estudiará y se reunirá el martes para adoptar nuevas medidas, ya que, aseguran, abre nuevas vías, además de una posible reprobación.

El informe, hecho por dos catedráticos de la Universidad de Zaragoza y encargado por los grupos municipales de la oposición, destaca que la interpretación que hace Zaragoza en Común con la Ley de Capitalidad para hacerse con el control de las sociedades “resulta constitucionalmente discutible”. También habla de “fraude de ley y de desvío de poder”.

El portavoz del PP, Jorge Azcón, ha señalado que la «gravedad de las aseveraciones» obligan a «madurar» las acciones de los grupos de la oposición, ya que «ahora no se trata sólo de una opinión política, sino de una opinión jurídica fundada e independiente hablando de golpe a la democracia y de vulneración de la ley».

Ha insistido en que «todas las opciones están abiertas y el informe de la Universidad abre todavía más puertas». Por último, el portavoz popular ha destacado la necesidad de «actuar con prudencia para mantener la unidad de la oposición».

El portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, ha subrayado que las afirmaciones que vierte el informe agravan lo que desde el punto de vista político estaba planteando la oposición al cambio en los consejos de administración de las sociedades.

La portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, aboga por agotar las vías políticas antes que acudir a las judiciales, mientras que el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha insistido en que intentará recuperar la normalidad democrática en las sociedades municipales, pero sin bloquear el funcionamiento del Ayuntamiento.

El coste del informe no ha trascendido, pero en caso de presentarse una factura, han apuntado los portavoces, se pagaría a partes iguales por los grupos de la oposición.