El delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, espera que el presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, «no le haga pasar a Aragón el ridículo de acudir a la vía penal» contra el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, por el recurso a la orden que fija la fecha límite para la entrega de los bienes de Sijena. Una cuestión que para Alcalde «podrá ser opinable, pero impecable jurídicamente».
«No por gritar más alto se tiene más razón», ha apuntado Alcalde en un comunicado emitido desde la Delegación del Gobierno en Aragón este sábado por la tarde. Estas declaraciones se producen después de que este viernes Javier Lambán anunciara que el Ejecutivo que preside estudia si el ministro Méndez de Vigo ha podido incurrir en un delito de desobediencia.
En su comunicado, la Delegación del Gobierno en Aragón ha señalado que «el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha dado las instrucciones pertinentes a los funcionarios de la Generalitat y del Museo de Lérida, para que procedan a cumplir las resoluciones judiciales y colaboren con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con los representantes del Gobierno de Aragón para hacer efectiva la ejecución de la providencia del juzgado número 1 de Huesca».
Así, ha subrayado que «este hecho no es incompatible con que se permita a la Generalitat ejercitar un recurso de reposición que, por definición, no suspende el cumplimiento de la providencia que ordena la entrega de los bienes». Además, ha señalado que «es el magistrado el que da pie a recurrir, que es lo que ha hecho la Generalitat, lo que no puede ser motivo de incurrir en responsabilidad penal, salvo que el señor Lambán tenga algo en contra del derecho a la tutela judicial efectiva que contempla el Estado de Derecho español».
Desde Delegación han recordado, en este sentido, que desde el Ministerio se ha dicho en todo momento y en repetidas ocasiones que las resoluciones judiciales «se deben cumplir y se van a cumplir». Fue el propio ministro Méndez de Vigo, no recurriendo la primera providencia del magistrado, «quien propicia la vuelta de los bienes».
«El recurso a la segunda providencia de la Generalitat hace referencia sobre el plazo de entrega de las obras y no a la devolución de los bienes», han señalado desde la institución. Sin embargo, «es curioso que el presidente de Aragón no haya acudido a instancias penales contra dos consejeros de la Generalitat ante el incumplimiento reiterado de las decisiones judiciales y amenace con reclamar responsabilidades penales contra un ministro del Gobierno de España cuando no puede haber tal responsabilidad en un recurso».
