¿Tiene sentido la Universidad gratuita? La Rioja y Galicia implantan la matrícula cero euros

Asturias y Castilla-La Mancha se han sumado también este año a la gratuidad. Los expertos señalan la importancia del acceso universal a los estudios, pero dudan sobre la forma

El inicio del curso siempre trae de la mano grandes anuncios de los presidentes autonómicos: las nuevas inversiones o bajadas de impuestos suelen liderar los primeros debates regionales. Pero, al menos desde hace un año, hay un asunto que se cuela en las líneas de actuación de las autonomías: la gratuidad de las matrículas para las universidades públicas. Ya hay cuatro regiones que contemplan esta medida y una quinta, Cantabria, se encuentra en trámites de ofrecerla a sus estudiantes. Sin embargo, los expertos dudan de que esta medida realmente sea útil para conseguir la universalidad en la educación.

La delantera la tomaron Galicia y La Rioja, que subvencionaron la matrícula por primera vez para el curso académico 2024-2025. Gonzalo Capellán (PP), el presidente riojano, ha anunciado ahora que la medida se extenderá en 2026 para el segundo curso. El único requisito es llevar al menos dos años empadronado en la región y que sea la primera vez que se accede a la Universidad.

De momento, la inversión del Ejecutivo autonómico ha sido de 670.000 euros. En cuanto a Galicia, la Xunta (PP) consolidó en primavera su establecimiento para todos los cursos y los requisitos son prácticamente los mismos que para recibir actualmente la beca del Ministerio de Educación —becas MEC—, que ya cubre la matrícula según la renta de la unidad familiar. La inversión inicial que destinó la Xunta solo para el curso 2024/2025 fue de 5,6 millones de euros.

Este curso, los Gobiernos de Asturias y Castilla-La Mancha (ambos del PSOE) se han sumado a la gratuidad de la matrícula en el primer curso. El barón socialista, Adrián Barbón, aún tiene que aprobar su extensión para el resto de años, lo que supondría una inversión de 11 millones de euros para el Ejecutivo regional. Este primer curso, la única condición académica ha sido superar la prueba de acceso a la universidad.

En principio, fuentes de la Consejería de Ciencia señalan que más adelante los requisitos serían los mismos que para la beca MEC, sin tener en cuenta la posición económica de los solicitantes. En Castilla-La Mancha la inversión ha sido de unos cinco millones de euros y aún no hay confirmación sobre si se extenderá a los siguientes cursos.

La realidad es que ya existen varias opciones de subvenciones. En primer lugar, está la MEC, con umbrales de renta y requisitos académicos establecidos. En la mayoría de comunidades autónomas también hay ayudas con unas condiciones más laxas que las del Gobierno central. Y, por último, muchas universidades también cuentan con partidas propias para ayudar a quienes quedan fuera de las otras dos convocatorias. «En general, la matrícula de la gente con problemas económicos está cubierta con la MEC. Esta decisión solo va a beneficiar a las rentas medias y altas», sostiene Mónica Martí, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alicante y exvicerrectora de Planificación Económica de este centro.

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«No creo que sea muy realista por cómo están hoy los centros y porque ya hay becas que llegan«, defiende, por su parte, Carmen Fontaneda, doctoranda en el área de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y miembro del grupo de investigación «Políticas Educativas Supranacionales». Tanto Fontaneda como Martí ponen el foco en el resto de necesidades del mundo universitario que, a día de hoy, no están cubiertas para las rentas más bajas. «A mí me preocupa mucho más que los desplazamientos, materiales o incluso el alojamiento, para la gente que no tiene opción a quedarse en su ciudad, no estén cubiertos. Habría que comenzar a plantearse si es tan importante subvencionar a las rentas medias y altas en vez de facilitar todo esto a las más bajas«, expone Mónica Martí.

Para Fontaneda «fomentar el estudio no solo es hacerlo gratuito, sino darle una calidad superior: poder ir a seminarios, que haya docentes suficientes o acceder a programas». Francisco López Rupérez, director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela y exviceconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid, apunta también en este sentido y sostiene que sin unos requisitos sólidos académicos la gratuidad carece de sentido. «La condición socioeconómica no puede ser una barrera, pero lo que tampoco se puede es bajar el nivel de exigencia. La gratuidad no puede verse como la panacea y hay que establecer prioridades con el dinero. La educación debe conllevar formación, pero a día de hoy no siempre pasa«, señala.

El hecho de que la medida no esté extendida en todas las comunidades, creando, por tanto, una desigualdad entre los estudiantes es otro de los aspectos que resalta López Rupérez. «Supondría una apuesta por un modelo que compromete la igualdad de oportunidades en España en su conjunto».

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También hay expertos a favor del sistema gratuito. Javier Manuel Valle, coordinador del Grupo de Investigación sobre “Políticas Educativas Supranacionales” (GIPES) de la UAM y consejero en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, apunta que es necesario «garantizar el acceso a la enseñanza superior», pero siempre con la exigencia y selección como principios. «La enseñanza pública debe ser gratuita, pero eso sí, el que no rinda mínimamente no debería continuar», subraya. El experto defiende que el sistema de becas actual es «injusto e insuficiente».

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) alerta desde hace años en sus informes de la necesidad de reformar el sistema de becas. Entre otras cuestiones, que se amplíen los umbrales de renta. También Comisiones Obreras presentó en marzo su último estudio sobre la financiación de la universidad pública y admitió que «este sistema [de becas] no cubre las necesidades reales del alumnado».

Pero con el actual formato universitario Javier Manuel Valle considera que la opción de gratuidad no sería muy viable. «Con la cantidad de alumnos que hay hoy no se puede. Hay que plantearse que quizás no es sostenible con tanta la cantidad de gente que estudia en la universidad. Los niveles de calidad están regular, no todos los graduados consiguen penetrar en el mercado laboral y encima supone un esfuerzo muy costoso para todos; habría que potenciar más, al mismo tiempo, la enseñanza de Formación Profesional Superior». En general, los expertos coinciden: la economía familiar no puede ser un obstáculo para la formación, pero la gratuidad o las becas siempre tienen que estar ligadas a la exigencia académica. «El Estado debe corregir aquello que no se escoge, pero el esfuerzo del alumnado siempre tiene que ser requisito», zanja López Rupérez.