El agente de movilidad recurrió la decisión del Ayuntamiento de San Sebastián de excluirle pese a que trabajaba como externo desde 2010
El Juzgado Contencioso-Administrativo N° 1 de Donostia-San Sebastián ha dado por bueno el recurso de un agente de movilidad que, tras haber aprobado la prueba de acceso, se quedó sin plaza por no tener el PL2 de euskera.
Así lo dicta la sentencia, que aunque no es firme, exige al Ayuntamiento de San Sebastián que permita al agente ocupar «el puesto que le corresponda con los posibles derechos de toda índole que de ello emanen» sin tener que acreditar «el meritado PL2».
El tribunal ha considerado clave que el agente lleva desempeñando sus funciones en calidad de externo desde 2010 y que durante estos 15 años, la falta del PL2 en euskera no le ha limitado para realizar sus funciones y que una norma administrativa no puede imponerse sobre un derecho constitucional.
El tribunal ha decidido no imponer costas, aunque sí ha estimado íntegramente el recurso por considerar que la decisión del ayuntamiento va contra los derechos fundamentales «incardinados en la Constitución Española».
El abogado del recurrente, Francisco I. López Lera, está especializado en este tipo de casos y ha atendido a Vozpópuli por teléfono. explica que la decisión de excluir a alguien de una oposición por no acreditar el uso de una lengua cooficial es «anticonstitucional» y así lo ha dictaminado el tribunal.
Señala que la ley sí permite que se imponga el euskera en un porcentaje del funcionariado público para garantizar que quienes lo hablan lo puedan usar, pero que no puede convertirse en la regla general. «Es indiscutible que el euskera es cooficial, pero nadie tiene la obligación de saberlo«, afirma, por lo que no se le puede exigir a un funcionario.
El uso del euskera como lengua cooficial, explica, se limita a ser «un derecho personal» por lo que cualquier persona tiene derecho a decidir si «vehicular su vida en castellano si así lo decide». De ahí la decisión del tribunal, explica.
Al ser preguntado por la falta de recursos ante estos casos pese a lo fácil que resulta demostrar su inconstitucionalidad, López Lera señala que se debía a que «todo el mundo callaba» hasta que en un caso que llevó, con una sentencia, «dio la vuelta a todo».
El abogado señala que muchos opositores que superan las pruebas sin saber euskera renuncian a su derecho de acudir a la justicia para conseguir la plaza «con una ‘X’ en la espalda», lo que complica su estancia en el cuerpo de funcionarios.
Denuncia que sus victorias en este tipo de juicios le han llevado a ser «señalado» en redes sociales por la izquierda abertzale, dado que limita que los nacionalistas «tengan a los suyos controlando todo» en la administración.
