La DGA prevé formalizar estos meses el nuevo organismo, que comenzó a gestarse con la Ley de Emergencias en 2020
Hay catástrofes que cambian la forma de ver las emergencias y en Aragón, aunque se puede elegir entre los ejemplos de los últimos tiempos, el pistoletazo de salida a la Ley que cristalizará en el consorcio autonómico de bomberos puede ser la borrasca Gloria, en 2020, dos meses antes de la pandemia. Fue entonces cuando el presidente Javier Lambán anunció la tramitación de la norma que se aprobaría en junio de 2024, ya con Jorge Azcón, y con la condición de desplegar esta nueva red de prevención y extinción de incendios en un plazo de 18 meses que expirará, precisamente, este invierno.
Otros dos episodios, como son el temporal de la dana en Valencia y su impacto en varios pueblos de las provincias de Zaragoza y Teruel, y los incendios forestales en el noroeste del país y su temida reproducción en Aragón, que respira este verano, han terminado de agilizar su tramitación. Por otra parte, conforme a los tiempos legales.
Si Azcón anunció en noviembre en las Cortes la puesta en marcha al consorcio autonómico, fueron el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, y el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, quienes han puesto algo más de luz a un proceso que hasta ahora se había desarrollado mayormente en privado. Conversaciones, como dijo el mandatario provincial, que atañen también a los sindicatos y a los ayuntamientos de las tres capitales de provincia.
Por lo pronto, el texto legal recoge en su disposición transitoria segunda, junto a los plazos, “la incorporación de los medios humanos y recursos materiales de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de las diputaciones provinciales”: Huesca, Zaragoza y Teruel. Podrán sumarse voluntariamente los municipios con población superior a 20.000 habitantes, lo que hoy solo incluye a la capital altoaragonesa, al no disponer el consistorio turolense de medios propios pese a que así lo marca la ley. Calatayud o Monzón, que bordean esa cifra, disponen de parques, aunque para los efectivos (Speis) provinciales.
La integración de los tres servicios provinciales se hará conforme a las posibilidades económicas y de medios de cada cual, según avanzó Bermúdez de Castro esta semana. Más complicada será la integración del consistorio dirigido por Natalia Chueca, sobre el que tanto el consejero como Sánchez Quero admitieron que se deberá buscar otra fórmula.
RESPUESTA COMÚN Y EL MANDO ÚNICO
Si en algo han insistido en los últimos tiempos gobiernos de distinto signo político en Aragón es en la necesidad de ofrecer una respuesta integral. En ese sentido se han impulsado los distintos centros de emergencias, que aunará una vez finalicen las obras y la mudanza (verano de 2026 en adelante) al 112, 061, Infoar o la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma. Sigue pendiente desatascar los trabajos en Huesca, donde se puso la primera piedra hace un año y dos meses, pero que se encuentran paralizados por cuestiones técnicas.
Todo ello amparado, una vez se desarrolle la norma, bajo el mando único. La Ley de Emergencias establece dicha figura alrededor del 112, pero podría asumirlo el presidente en caso de “emergencia integral”. Esta podrá activarse “cuando la situación de peligro o o los daños ocurridos sean por su especial extensión o intensidad particularmente graves”. En paralelo, la llamada agencia aragonesa de emergencias, otro órgano, requerirá de una nueva normativa para la que se espera reunir el consenso de los grupos políticos.
TREGUA AL ROSARIO DE CATÁSTROFES
La riada extraordinaria del Ebro en 2021, la citada borrasca Gloria (2020), las tres danas desde octubre de 2024 o el año 2022 con los incendios destacan entre las últimas catástrofes que han sacudido la región. En lo que al fuego se refiere, se trata por el momento del segundo verano sin Grandes Incendios Forestales (GIF), la catalogación que reciben los superiores a 500 hectáreas.
Con todo, según han repetido por activa y por pasiva desde la DGA, conviene no bajar la guardia en el poco menos de mes y medio restante de la temporada. Sin motivos para “sacar pecho”, como insistía el consejero, no han pasado por alto dos factores: la contratación durante los doce meses del año del operativo de prevención y extinción, cuyo convenio se formalizó hace pocos meses, la coordinación entre efectivos y una meteorología algo más benévola pese a las olas de calor.
