Las CCAA tienen acceso a una partida del 7% del gasto para la gestión de bosques, que lleva tres años congelada por la falta de Presupuestos del Estado
«Si cada vez que hay un problema salgo corriendo y la culpa es de Papá Estado, entonces tenemos un problema». En estos términos se manifestó el pasado lunes Óscar López, ministro para la Transformación Digital y la Función Pública. Se revolvía así ante los críticas de algunos gobiernos autonómicos, por la gestión de los incendios que ha hecho Moncloa.
López fue más allá y acusó a las comunidades gobernadas por el PP de «escucurrir el bulto», y de «borrarse» ante un drama que ha causado cuatro víctomas mortales y ha asolado ya 350.000 hectáreas. No fue el único. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha incidido en que las competencias corresponden a los Ejecutivos autonómicos.
A nadie se le escapa que las autonomías juegan un papel importante en la prevención de los incendios. Pero es el Estado el que asume la inmensa mayoría del presupuesto para la gestión forestal en nuestro país. Los datos oficiales ayudan a aclarar el debate.
Las últimas directrices de acción e inversión para gestionar bosques son las marcadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Fueron las últimas cuentas que el Gobierno de Pedro Sánchez pudo sacar adelante en el Parlamento. Desde entonces, España ‘funciona’ con Presupuestos prorrogados.
Los de 2024 se han replicado este año y reflejan que el Estado absorbe el 93% del presupuesto dirigido a la denominada «Gestión forestal sostenible». Se trata de una partida de 91 millones de euros y está asignada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se complementa con otra de 6,3 millones concedida a las comunidades autónomas. En total suman 97,3 millones de euros.
Financiación con fondos europeos
En los Presupuestos, el Gobierno consigna esta última cifra en el apartado correspondiente al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ello quiere decir que la inmensa mayoría del gasto corre a cargo de los fondos Next Generation. Es decir, de las subvenciones que la Unión Europea concede a los países miembros desde la pandemia a cambio de reformas.
Como avanzó Vozpópuli, están fluyendo con cuentagotas los fondos europeos destinados a la gestión forestal -la acción básica de prevención de incendios-. En la primera mitad de 2025, el Gobierno habilitó créditos para este fin por valor de 70,9 millones de euros. Sin embargo, hasta junio sólo había logrado realizar el pago de 2,7 millones, según el balance de la Intervención General de la Administración del Estado. El año anterior se aprobaron pagos finales por valor del 7,7 millones, sobre un total créditos habilitados de 42 millones.
Los 91 millones destinados en 2025 a la gestión forestal sostenible son exactamente los mismos que recogían los Presupuestos de 2024 y de 2023. La partida lleva tres años congelada, ante la incapacidad de Sánchez de recabar apoyos para elaborar unas cuentas nuevas. Los últimos Presupuestos aprobados fueron los de 2023.
Los del año precedente muestran una cifra superior consignada bajo el mismo epígrafe: 133 millones de euros correspondientes al Estado, más otros 2,4 millones aprobados para las comunidades autónomas. La cifra de 2021 es similar (136 millones). Este fue el primer año en el que la gestión forestal pasó a formar parte de los cometidos del Ministerio de Transición Ecológica, dirigido entonces por la hoy vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera.
En los años anteriores de la actual legislatura socialista, esa responsabilidad recaía sobre el Ministerio de Agricultura. Los Presupuestos de 2019 y 2020 reservaban partidas idénticas de 122 millones de euros para el «desarrollo de la política forestal». Ambos eran prórrogas de las cuentas de 2018, las últimas que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y que serían aplicadas por Pedro Sánchez, tras la moción de censura.
