Otros cinco países (Francia, Italia, República Checa y Croacia) han sido también señalados por «problemas relacionados con la documentación de los controles y el calendario de las auditorías», entre otros
Tirón de orejas del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea a España por la falta de control en el reparto de los fondos europeos. El organismo comunitario considera que los controles de los fondos de recuperación Next Generation han sido «insuficientes» para asegurar que el reparto se ciñe a las reglas sobre licitaciones públicas y ayudas estatales. Así lo constata en su último informe censor, en el reconoce que aunque los controles que efectúa la Comisión Europea han mejorado desde 2021, denuncian que existen «lagunas de supervisión» y que los sistemas de los Estados también muestran «significativas insuficiencias» a la hora de garantizar que se cumplen estas normas, sobre todo con las licitaciones.
Cinco son los países sobre los que se ciernen las mayores dudas, entre ellos España, que junto a Francia, Italia, República Checa y Croacia, se postulan como los países con los sistemas de control menos eficaces. Todos estos Estados han sembrado de sombras los controles sobre la contratación pública, en los que los auditores detectaron que las autoridades nacionales tenían problemas con la cobertura, la calidad o el calendario de los controles. En el caso de España, señalan «problemas relacionados con la documentación de los controles y el calendario de las auditorías», pese a que las deficiencias son menos «serias» que las detectadas en Francia y República Checa.
El Tribunal reconoce que la responsabilidad no es solo de los gobiernos, sino del propio diseño del fondo, según el cual la principal condición para el pago es que los países cumplan satisfactoriamente los hitos y objetivos de sus planes de recuperación, consideran que esto podría reducir el efecto disuasorio de las medidas correctoras. «En la práctica, esto significa que los pagos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia pueden realizarse íntegramente, incluso si se han infringido las normas sobre contratación pública o ayudas estatales», señalan en un comunicado.
La situación «mejora» a juicio de los auditores en el caso de las ayudas estatales, ya que en la mayoría de los países sí había controles y estos cubrían los principales riesgos, aunque el informe puntualiza que los organismos nacionales a cargo de las auditorías, en general, «no tenían garantías» sobre las ayudas estatales cuando se presentaban las solicitudes de pago a la Comisión. El Tribunal de Cuentas lo atribuye en parte a que las normas eran «poco claras» sobre el modo en que los países tenían que comprobar las reglas de contratación pública y ayudas estatales, por lo que las auditorías de la Comisión Europea se centraron inicialmente «en vigilar fraude, corrupción y conflicto de intereses, en lugar de esas normas», recoge Efe.
La Comisión Europea intenta no arrojar piedras contra su propio tejado y apunta que, «pese a las debilidades menores identificadas», todos los pagos efectuados en 2023 se basaron en un «sólido marco de garantías» y recordaron que desde ese año han ido ampliando el alcance de sus controles. En sus conclusiones advierten de que, si se detectan casos graves de fraude o corrupción que no sean corregidos, la Comisión puede intervenir para recuperar los fondos. Aviso a navegantes para España.
