Nuevo cruce de reproches entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, esta vez, a cuenta de la deuda del tranvía. La concejala de Hacienda, María Navarro, instó al Ejecutivo autonómico a sentarse a hablar del pago, ahora que las dos instituciones tienen en su mano la diligencia del Tribunal Supremo que obliga a la DGA a pagar cerca de 25 millones por las obras de la línea 1, a los que habría que sumar 1,4 millones por intereses de demora. Respondió a la petición Javier Lambán a través de una carta dirigida directamente al alcalde y presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón. El líder socialista le confirmó su intención de pagar este mismo ejercicio, justificó el retraso en «los innumerables y graves acontecimientos acaecidos en Aragón en forma de inundaciones, heladas e incendios» y aprovechó para recordar los incumplimientos municipales que siguen pendientes.
A media mañana comparecía de urgencia María Navarro para instar al Gobierno de Aragón a abrir la negociación para fijar un calendario de pagos. La edil recordaba que la deuda se incrementa en 2.018 euros diarios y que, desde el 7 de noviembre, momento en que el alcalde «tendió la mano» para pactar el pago, ha aumentado en 1,4 millones. Si las partes no llegan a un acuerdo se procedería a una ejecución forzosa en apenas tres meses, siendo el 21 de diciembre la ‘fecha tope’. Es un extremo, enfatizó, que el Consistorio «quiere evitar», así que la titular de Hacienda llamó a la «responsabilidad» y pidió «altura política» para no llegar a un incidente de ejecución forzosa, ideas que trasladó por escrito al consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón. «Tenemos que sentarnos cuanto antes por el interés de Zaragoza, pero también de los aragoneses. Vamos a reivindicar que se pague lo que se debe, es de justicia», dijo.
Lambán tomó al «respetado alcalde» la palabra y le planteó diversos asuntos sobre los que llegar a acuerdos y evitar que lo que deben ser relaciones institucionales normalizadas «se conviertan en materia de controversia».
En el escrito, que se remitió por correo electrónico y se entregó en mano en Alcaldía, Lambán explica que los incendios, las heladas y las inundaciones «han limitado» las posibilidades de cumplir con la sentencia en el corto plazo. Manifestó, pese a ello, la «voluntad política» de la DGA de hacer frente a las responsabilidades este ejercicio.
También recordó al alcalde el presidente de Aragón la necesidad de llegar a un acuerdo sobre los juzgados de la plaza del Pilar y la Casa de la Mujer, que los dos utilizan aunque la titularidad corresponde a otra institución. Y advirtió al también presidente del PP-Aragón de los incumplimientos municipales en materia urbanística que datan del 2019 y que, pese al acuerdo adoptado en la bilateral, el Ayuntamiento no ha cumplido «originando un grave perjuicio para los intereses de Aragón«. «La situación es insostenible y urgen una solución por parte del Ayuntamiento que presides para evitar que nos veamos abocados a adoptar las mismas medidas que a lo largo de la legislatura has decidido usar con la DGA», advirtió. Figuran, entre los incumplimientos, la modificación del G10 en Torre Ramona, la aprobación definitiva del Plan Especial de la U-58/1 (calle del Embarcadero) y la cesión de las zonas comunes de los bloques sindicales.
Cuestiones pendientes
- Deuda del tranvía. El Tribunal Supremo ha confirmado que el Gobierno de Aragón debe abonar al Ayuntamiento de Zaragoza unos 25 millones de euros por la construcción de la línea 1 del tranvía, a los que se suman ya 1,4 millones más por intereses de demora. La concejala María Navarro reclama a la DGA que negocie el pago porque, con el aumento del coste de la energía y las plusvalías, les hace «mucha falta». Javier Lambán achaca el retraso a las adversidades a las que la DGA ha tenido que hacer frente y compromete el pago este mismo año. El 21 de diciembre es la fecha tope para liquidarlo.
- Juzgados del Pilar. La DGA urge alcanzar un acuerdo sobre los antiguos juzgados de la plaza del Pilar y la Casa de la Mujer, inmuebles que usan ambas instituciones, pero cuya titularidad corresponde al otro. Insta, por ello, a regularizar la situación para «hacer desaparecer la anomalía» y pactar en el caso que proceda las compensaciones.
- Calle del Embarcadero. En una de las bilaterales se acordó que el Ayuntamiento realizaría la valoración de los suelos de la calle del Embarcadero antes de diciembre de 2021 y se aprobaría el Plan Especial de la U-58/1 en febrero de 2022. El Gobierno de Aragón denuncia que no se ha cumplido ninguno de los compromisos que asumieron.
- Bloques sindicales. Aunque la DGA aprobó la cesión de las zonas comunes de los bloques sindicales en noviembre de 2021, el Ayuntamiento de Zaragoza sigue sin aceptarla. La incluyó, por eso, Lambán entre las cuestiones en las que confía en llegar a «soluciones satisfactorias» con Azcón para los intereses de los ciudadanos.
- Torre Ramona. Reprocha Lambán al Ayuntamiento que, además de incumplir su compromiso de impulsar la modificación G10 Torre Ramona, lleve 3 años con el expediente de catalogación abierto, lo que ha imposibilitado el derribo del edificio que se encuentra en ruina. Hasta siete requerimientos por escrito hizo la DGA antes de que el Consistorio apuntalara el inmueble.
