Con casi un 90% de la población diana con la pauta completa, expertos y comunidades coinciden en que la presión hospitalaria debe ser el parámetro de referencia para medir el impacto de la pandemia y no la incidencia acumulada, es decir, el volumen de positivos. Este es el argumento que han esgrimido muchas de las regiones para descartar endurecer las restricciones ante el incremento de casos y aunque, efectivamente, las vacunas están amortiguando la última embestida del virus, la situación en las UCI de Huesca, Teruel, Lleida y Girona comienza a ser preocupante. Los últimos datos revelan que superan el umbral de riesgo muy alto establecido por el Ministerio de Sanidad al tener más del 25% de las camas de las unidades de críticos ocupadas por enfermos covid.
De hecho, Cataluña y el País Vasco se han visto obligadas a reorganizar la atención hospitalaria ante las cifras que indican un mayor volumen de hospitalizados en las UCI. En la primera región, varios centros de Girona han tenido que suspender operaciones no urgentes además de adoptar otras medidas, como limitar las visitas y acompañantes para evitar por todos los medios la propagación del virus.
«Seguimos atendiendo todo lo urgente y oncológico, pero programaremos la actividad adecuándonos a las circunstancias», explicaba este martes la consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui. «Hemos hecho esfuerzos para recuperar intervenciones no graves, y eso se va a ver modificado, puntualmente se habrá suspendido alguna intervención ya programada, pero sobre todo afectará a las que se van programando», advirtió.
Aunque la comunidad no es la que peores datos registra, la tasa de ocupación en UCI en Guipúzcoa ronda el 20%, lo que ha obligado a trasladar enfermos de esta provincia hasta Álava. Además, en el conjunto de la región se han incrementado el número de camas disponibles en estas unidades para evitar situaciones como esta. Así, todos los centros que forman parte de la red de Osakidetza se encuentran en el segundo escenario del Plan de Contingencia, con un total de 251 plazas habilitadas en críticos.
El efecto de las vacunas
La situación, sin embargo, no es por el momento tan crítico como en diciembre del año anterior, cuando el principio de la tercera ola comenzaba a solaparse con el final de la segunda. En general, todas las provincias tienen ahora tasas menores de ingresos, aunque las regiones con menos capacidad sanitaria corren mayor riesgo de que los contagios de la sexta ola saturen rápido los hospitales. Es el caso de Aragón, en las provincias de la región el número total de camas en la UCI es muy reducido, por lo que una decena de enfermos graves supone ya una gran presión hospitalaria.
La vacuna «nos permite afrontar el futuro inmediato con mucha mayor tranquilidad de la que podíamos tener hace un año». «Aunque son muchos los contagios, son pocos en relación con otros momentos en número de hospitalizaciones, en número de personas ingresadas en UCI y, afortunadamente, son muchísimos menos los fallecimientos«, defendía este viernes el presidente de Aragón, Javier Lambán. El dirigente apelaba al efecto «tranquilizador» de unos datos que constatan que el escenario hoy no tiene nada que ver con lo vivido en olas anteriores, aunque los expertos adviertan de que permitir un descontrol en el volumen de casos tarde o temprano tendrá un impacto en los centros médicos.
La comunidad conseguía además la autorización de su Tribunal Superior de Justicia para regular el acceso a determinados establecimientos con el pasaporte covid. Una medida que Lambán definía como la «más apropiada y proporcionada», y con la que descartaba, a pesar de que los positivos «están aumentando de una manera preocupante», la aplicación de otro tipo de restricciones. Según el último balance de Sanidad, la región es la tercera de toda España con una incidencia mayor, con 469 casos por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Navarra y el País Vasco. La media nacional se sitúa en 248 positivos.
La postura y argumentos esgrimidos por Aragón son similares a los que están esgrimiendo la mayoría de regiones. Andalucía decidía esta semana no adoptar ninguna medida —más allá de solicitar autorización para el uso del certificado covid— bajo la tesis de que las cifras de ingresos en planta y en UCI son bajas. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, puntualizaba que «no hay presión hospitalaria» y aseguraba que ha llegado el momento de interpretar la evolución de la pandemia «en función» de lo que pase en los centros sanitarios. Es un argumento similar al utilizado en Madrid, e incluso por Sanidad. La ministra, Carolina Darias, ya apostaba a comienzos del verano por cambiar la lectura de las cifras.
El ritmo de vacunación
Y si los datos demuestran que las vacunas son la mejor herramienta para prevenir el desarrollo de la enfermedad grave y las muertes, las cifras no confirman, de momento, que la adopción del certificado covid haya empujado la campaña de inmunización entre los rezagados, el 10% de españoles que habiendo podido recibir el pinchazo no lo ha hecho. Este es uno de los argumentos que ponen sobre la mesa las regiones que han decido apostar por el salvoconducto como herramienta para la prevención de contagios. La lógica es sencilla: si es obligatorio el uso del documento para comer en un restaurante o tomarse una copa, los que todavía no han recibido un pinchazo, tarde o temprano lo harán.
Sin embargo, la cantidad de personas que ha decidido vacunarse no se ha movido prácticamente en los dos últimos meses: apenas un 1% de la población ha ido a ponerse la primera dosis cada mes. Entre comunidades, eso sí, hay diferencias notables. El ritmo de pinchazos ha crecido más en Melilla, donde el margen de crecimiento también es mayor que en el resto. Junto con Baleares, la ciudad autónoma sigue siendo la región donde menos población diana se ha vacunado: en torno al 85%, mientras que la media nacional supera ya el 90%.
