Un mar de incógnitas es lo que deja la propuesta de la ley de Vivienda presentada por el Gobierno central y de la que el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Ejecutivo aragonés, José Luis Soro, no conocía «ni una palabra». Aunque el responsable de la política habitacional en la comunidad aseguró que ven «de forma positiva» algunos de los objetivos y planteamientos de la norma, insistió en esperar a conocer el texto del borrador para poder decidir si la aplicarán en Aragón o no. O incluso, si tendrán poder de decisión, o si habrá partes de la nueva normativa que serán de obligado cumplimiento.
Soro reclamó, eso sí, que las circunstancias de Madrid y Barcelona no marquen un camino único para toda España, que las comunidades autónomas mantengan su autonomía en la elaboración de las políticas de vivienda y que, de incorporar cuestiones de obligado cumplimiento, el Estado garantice su financiación. En la misma línea, la directora general de Vivienda de la DGA, Verónica Villagrasa, manifestó que «hasta que no conozcamos el texto, no podemos decir ni sí ni no».
El consejero Soro defendió que «poder intervenir cuando el mercado está tensionado es necesario», y calificó de «razonable» la diferencia entre grandes tenedores y propietarios particulares, pero incidió en que «la mejor política para luchar contra el incremento de los alquileres es dotarnos de un parque público de vivienda asequible suficiente». En este sentido, recordó las apuestas del Ejecutivo autonómico en zonas como La Merced, en Huesca, y anunció la puesta en marcha de otros proyectos para tener «más viviendas públicas a precio asequible».
Mientras, al PP no le ha hecho falta más tiempo ni más información para posicionarse en contra de la ley y Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso ya anunciaron que recurrirán la norma al Constitucional. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, aseguró que esta política «tiene más que ver con los precios que Sánchez tiene que pagar a la extrema izquierda por seguir en la Moncloa que por una política efectiva para que los jóvenes tengan precios asequibles». «Esta ley no me gusta», reconoció el alcalde en declaraciones a EL PERIÓDICO. «No me gusta a mí, pero hasta ayer tampoco gustaba en el Gobierno de España. Hasta ayer (por el martes), el ministro de la Presidencia, Bolaños, negaba que se fuera a acordar una ley como la aprobada», manifestó.
Azcón criticó que «va a generar importantísimos problemas de seguridad jurídica». Asimismo, recordó que «las ordenanzas que presentamos bajan el IBI a todos los zaragozanos» y que se van a destinar 750.000 euros para ayudas a jóvenes para pagar el alquiler, lo que supone «más que duplicar» la inversión en esta partida respecto a años anteriores. También, indicó, el consistorio zaragozano ha mejorado las partidas en rehabilitación de viviendas. «Si todas las administraciones hubieran duplicado el presupuesto, hoy el problema no sería tan importante como es», insistió.
La opinión de Teruel y Huesca
Siguiendo el argumentario del PP, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, aseguró que «ha triunfado la parte del Gobierno más comunista que está empleado en regular al máximo la vida de los ciudadanos». Por su parte, el alcalde de Huesca, Luis Felipe, reclamó «prudencia» al desconocerse los matices de la norma. «Cuando esté concluido el proceso legal el ayuntamiento se posicionará en lo que es competencia suya. Es importante que haya una ley de Vivienda porque es un derecho constitucional que todavía no estaba regulado», reflexionó el primer edil.
La directora general de Vivienda, Verónica Villagrasa, ahondó en que el Gobierno autonómico desconoce los criterios generales que regirán la ley de Vivienda, tanto en su aplicación, como en cuestiones prácticas, como la definición de «zonas tensionadas» y de «grandes tenedores», que todavía no se han concretado. «No conocemos los criterios para definir las zonas tensionadas ni los grandes tenedores, no sabemos si la ley invade nuestras competencias o si habrá cuestiones obligatorias, así que no nos podemos plantear si aplicaremos o no la ley», manifestó.
También hay lagunas en el bono de alquiler para jóvenes. «Tenemos dudas de quién y cómo lo aplica. Nos alegramos de que se apoye la emancipación, porque la línea de ayudas al alquiler joven es un éxito en Aragón y eso demuestra que hay una gran necesidad, pero aún hay que conocer cómo se articulará y si serán compatibles».
El sindicato de inquilinos lo ve «insuficiente»
El sindicato de inquilinos calificó de «insuficiente» el punto de partida que establece la ley de Vivienda anunciado esta semana por el Gobierno central y reclamó medidas más decididas para regular el mercado del alquiler. Para la entidad, que aglutina a arrendatarios, «la bajada de los precios hinchados» debería ser obligatoria para el conjunto del mercado del alquiler, y no solo para las empresas con más de diez viviendas. «¿Cómo se explica que una persona física con 200 propiedades no se vea afectada?», se preguntan en un comunicado. Criticaron que el acuerdo «retrasa las bajadas de precio obligatorias hasta 18 meses tras la aprobación de la ley», por lo que creen que llegará «tarde» a los incrementos en los precios del último año.
