El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha pedido hoy la libertad al Tribunal Supremo alegando que es «un hombre de paz y de diálogo» y que quiere ejercer sus «derechos políticos» tras ser elegido diputado el pasado 21 de diciembre.
La Sala de Recursos del Supremo que examina la decisión del juez Pablo Llarena de mantenerle en prisión ha permitido a Junqueras intervenir al final de la vista, tras hacerlo su defensa, la de otros imputados, la acusación popular que ejerce Vox y la Fiscalía. Según fuentes presentes en la vista y conforme ha explicado su propio abogado, Andreu Van den Eynde, en su breve intervención Junqueras ha hecho referencia a su «compromiso personal firme» con las soluciones «dialogadas». También ha apelado a su condición cristiana para negar cualquier relación con los hechos violentos que fundamentan la imputación por rebelión. Igualmente, ha pedido a los tres magistrados que le dejen libre para poder estar con su familia.
Los fiscales del Supremo Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza han pedido al tribunal que mantenga la medida cautelar. También lo han hecho los abogados de Vox Javier Ortega y Pedro Fernández. A la salida de la vista, el abogado de Junqueras ha lamentado que la intervención de la Fiscalía se centrara en el fondo de la causa, cuando lo que hoy se delibera es únicamente si mientras se investiga debe permanecer en prisión.
Zaragoza ha afirmado en la vista que la Justicia no es «una moneda de cambio» y que la elección de Junqueras como diputado o su posible candidatura a la Presidencia de la Generalitat no es «un salvoconducto» que le libre de la prisión provisional o de sus responsabilidades penales. Además, ha leído al tribunal las intervenciones hasta la fecha de Junqueras, para concluir que en ninguna de ellas ha afirmado que se sometía al ordenamiento constitucional.
La decisión de la Sala, más allá de su trascendencia procesal, repercutirá en las posibilidades del ex vicepresident de alcanzar la Presidencia de la Generalitat frente al huido Carles Puigdemont. El propio Junqueras pidió en el recurso que hoy se examina quedar libre para representar a los ciudadanos como diputado o «como presidente del Gobierno».
El recurso de apelación presentado a mediados de diciembre se centraba en desmentir que exista el riesgo de reiteración delictiva que había llevado al juez instructor a ratificar la prisión acordada en noviembre por la Audiencia Nacional. El propio Llarena consideró que no se daban los otros dos riesgos que también permiten acordar la prisión: el de fuga y el de destrucción de pruebas.
El juez Llarena sí detectó un riesgo elevado de que, si quedaba en libertad, Junqueras propiciara nuevas «explosiones violentas» como la que tuvo lugar en septiembre frente a la Consejería de Economía que comandaba. El juez citó otros episodios violentos -un elemento clave para mantener la imputación por rebelión- como el acoso a los hoteles que alojaban a las Fuerzas de Seguridad, el apedreamiento de agentes en la jornada de votación o las murallas humanas formadas el 1-O para evitar la incautación de urnas. En la línea de lo declarado hoy, el recurso alegaba que la excarcelación de Junqueras «juega a favor de la contención de cualquier riesgo de ‘explosión violenta'».
Sobre este aspecto, la Fiscalía ha expuesto hoy ante el tribunal que el riesgo de reiteración delictiva no se limita al delito de rebelión, y por tanto no está vinculado exclusivamente a los episodios de violencia. La medida cautelar también sirve para eludir el riesgo de que cometa delitos de sedición y malversación, por los que también está imputado.
Tras concluir la vista, los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge han comenzado a deliberar. El tribunal ha descartado pronuncirse este mismo jueves, por lo que la decisión podría conocerse a partir de mañana. Fuentes del Supremo ven muy poco probable que el tribunal corrija al juez instructor en esta primera revisión de sus decisiones. La confirmación de la prisión incondicional no cerraría la puerta a la excarcelación de Junqueras. En cualquier momento -incluso antes de la sesión de investidura en el Parlament– el juez instructor puede considerar que ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva y acordar la libertad bajo fianza.
