Ni siquiera les dejaron subir al avión. Los tres enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Caracas se han quedado en tierra, en el aeropuerto de Ciudad de Panamá, desde donde tenían previsto volar a Venezuela para realizar una visita «in loco» (sobre el terreno). «Copa Airlines impidió el abordaje de la delegación de la CIDH a la puerta del avión en Panamá. Informaron que recibieron instrucciones del régimen de Venezuela de que no estábamos autorizados a ingresar al país«, denunció la propia CIDH, organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de sus redes sociales.
La misión de la CIDH, que viajará de inmediato a la frontera con Colombia, está presidida por la relatora panameña Esmeralda Arosamena y compuesta también por el secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrao, y por el relator especial para la libertad de información, el uruguayo Edison Lanza.
Lanza ha señalado: «Día triste para la historia de los derechos humanos en la región. En 60 años hemos observado la situación en gobiernos de cualquier tendencia, dictaduras cedieron a presión internacional».
Los tres delegados habían preparado una agenda intensa de cinco días con reuniones con organizaciones de derechos humanos, víctimas y sociedad civil, tras la invitación cursada por Juan Guaidó, el Parlamento democrático y la Presidencia encargada. Horas antes de este incidente, Diosdado Cabello, cabecilla radical del chavismo, había advertido que «para nosotros la CIDH no existe, puede venir hasta la corte celestial». La semana pasada, el canciller chavista Jorge Arreaza había adelantado que la visita no estaba autorizada por Nicolás Maduro.
La agenda pública de la CIDH confirma por qué le gustaba tan poco esta visita al chavismo. Para hoy estaba previsto reunirse con embajadores y diplomáticos europeos y con los miembros de la misión de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU. Desde mañana y en adelante los tres enviados se habrían encontrado con víctimas de «graves violaciones», autoridades de la Asamblea Nacional (AN), con gremios y defensores de la libertad de expresión, con los parlamentarios perseguidos y dirigentes refugiados en embajadas, con expertos que conocen en profundidad la crisis humanitaria compleja de Venezuela, con defensores de los derechos de los niños, con familiares de militares privados de libertad y con la Iglesia Católica. Imprescindibles todos ellos para dibujar el mapa del horror venezolano.
«Al impedir la entrada de la CIDH, la dictadura se reconoce como violadora de derechos humanos, también vuelve a exponer sus contradicciones: los mismos que pidieron que la CIDH visitara otros países, que fueron visitados, hoy bloquean su ingreso a Venezuela», denunció Guaidó tras conocer la noticia. Uno de los países a los que se refiere es Chile, visitado recientemente por este organismo de la OEA. Incluso Evo Morales, aliado fiel de Maduro, denunció ayer ante la CIDH los obstáculos que está sufriendo su candidatura electoral. «Esto no va a ocultar las pruebas de que en Venezuela se violan los derechos humanos», sentenció Guaidó.
El muro levantado por el chavismo contra la CIDH supone una infracción en los tratados internacionales, ya que Venezuela sigue formando parte de la OEA y del sistema interamericano, denunció Guaidó. Otras dictaduras, como la del general argentino Videla, sí permitieron en su día estas visitas sobre el terreno.
La misión de la CIDH, que ha estado casi dos décadas sin viajar a Venezuela, también había advertido de antemano que de ser rechazada se desplazaría hasta la frontera con Colombia para entrevistarse con víctimas y con organizaciones.
La lista negra del chavismo en materia de derechos humanos suma cada día nuevos abusos y violaciones. La última conocida son las torturas: sólo en 2019 casi 600 personas fueron torturadas por agentes gubernamentales, lo que provocó la muerte a 23 de ellas. Desde la llegada de Maduro al poder en 2013 son 72 las víctimas mortales por torturas.
Ejecuciones extrasumariales, torturas, violaciones sexuales, la creación de un «batallón de exterminio», persecución política y casi 400 presos políticos son sólo la parte más sangrienta de las violaciones chavistas a los derechos humanos. Además hay que sumar el éxodo obligado de más de cinco millones de personas y las constantes vulneraciones a los derechos en materia de salud.
