Pocas horas después de que el Juzgado Contencioso Administrativo número 6 de Barcelona notificase al Ayuntamiento de Barcelona la prohibición de colocar lazos amarillos y carteles a favor de los presos independentistas condenados por sedición por el Tribunal Supremo en la fachada del edificio consistorial y en cualquier dependencia pública municipal, operarios municipales empezaron a quitar esta simbología de algunas sedes de los distritos, como el de Gracia, en el que todavía quedaba.
Tras las elecciones generales del pasado noviembre el equipo de gobierno formado por Barcelona en Comú y el PSC decidieron no volver a colocar el lazo amarillo de la fachada del Ayuntamiento, ante las posibles denuncias de algunos partidos, como el PP, y de entidades. En septiembre lo habían retirado para acatar la orden de la Junta Electoral, tras un recurso de Societat Civil Catalana, de mantener la neutralidad en las instituciones.
Sin embargo, la sentencia del Juzgado Contencioso va más allá y considera que con la decisión de colocar esta simbología partidista se vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el de igualdad. En concreto considera que el lazo amarillo «se utiliza para recordar a dirigentes políticos y sociales que se encontraban, entonces, en prisión preventiva y ahora ya condenados por graves delitos, por el Tribunal Supremo, es incuestionable, como también lo es, por ello, que se trata de un símbolo partidista, en el sentido de que se alinea con las pretensiones de un grupo de ciudadanos, con inevitable exclusión del resto».
Tras la decisión judicial, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, aseguró que el Consistorio «siempre» acata las órdenes judiciales, aunque no concretó si presentarían recurso contra la sentencia. Lo que si está claro es que desde el mismo viernes, fecha de notificación de resolución, el Ayuntamiento ordenó retirar estos símbolos. En la presentación del nuevo modelo de servicio y gestión de la Guardia Urbana, Collboni aseguró que «nosotros siempre acatamos las órdenes judiciales, lo que dicen las leyes» y añadió que lo hacen de forma «inmediata y definitiva».
El juzgado estimó una demanda presentada por Abogados Catalanes por la Constitución, representado por los letrados Manuel Zunón y Ramón de Veciana, al considerar que esta simbología que colgaba de edificios municipales podía vulnerar los derechos de los ciudadanos contrarios a la ideología independentista. En este sentido, la sentencia indica que el lazo amarillo «se utiliza para recordar a dirigentes políticos y sociales que se encontraban, entonces, en prisión preventiva y ahora ya condenados por graves delitos, por el Tribunal Supremo, es incuestionable, como también lo es, por ello, que se trata de un símbolo partidista, en el sentido de que se alinea con las pretensiones de un grupo de ciudadanos, con inevitable exclusión del resto».
Además, añade que «la ostentación de ese símbolo partidista en los edificios municipales choca frontal y manifiestamente con los principios de neutralidad institucional y objetividad a los que está sometida la Administración Pública, Administración, recuérdese, que no es un poder soberano sino una organización subalterna al servicio de la comunidad; la función que constitucionalmente tiene atribuida la Administración Pública no es otra que cumplir con objetividad los intereses generales, esto es, la Constitución consagra el carácter instrumental de la Administración puesta al servicio de los intereses de los ciudadanos, de todos, en su conjunto, y ello, con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho».
