Caso Nóos: El tribunal dicta hoy sentencia tras casi ocho meses de deliberaciones

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La jueza Samantha Romero

Prácticamente ocho meses después del visto para sentencia, a mediodía de hoy el tribunal del caso Nóos hará pública la sentencia de un caso sin precedentes en la historia de España, pues es la primera vez que un miembro de la Familia Real –un antiguo miembro, para ser más precisos– se sentaba en el banquillo. Atrás han quedado seis años y medio de una investigación muy delicada que llegó a afectar a la imagen de la Monarquía. Ahora, al fin, ha acabado el tiempo de las especulaciones y es la hora de la verdad judicial.

Aunque son 17 los enjuiciados en esta causa –al comienzo de la vista eran 18, pero finalmente se retiró la acusación contra Miguel Tejeiro, para el que solo pedía condena Manos Limpias–, lo cierto es que la máxima expectación se centra en la suerte que puedan correr la Infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarín, el ex socio de éste Diego Torres y el ex presidente balear Jaume Matas.

A estas alturas, y dado el desarrollo de la vista oral, la gran sorpresa sería que la hija menor de Don Juan Carlos y Doña Sofía fuera condenada. Y ello por varias razones: solo la acusa Manos Limpias –pide para ella ocho años de cárcel como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales cometidos por su marido–; en el juicio ni un solo testigo la implicó en las actividades del Instituto Nóos y tampoco salió prueba documental alguna de su presunta culpabilidad, y el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, el auténtico cerebro de la investigación judicial, mantiene esta tesis desde el primer momento a pesar de la campaña mediática en la que se intentó cuestionar su independencia. Por si fuera poco, la credibilidad del pseudosindicato acusador quedó fulminada al ser detenido en pleno juicio su máximo responsable, Miguel Bernad. Pero a pesar de todo, si algo ha quedado claro estos años es que en este caso siempre hay margen para la sorpresa.

A título lucrativo

No obstante, Horrach la considera responsable a título lucrativo y por eso pide que devuelva cerca de medio millón de euros de los que se habría beneficiado por las actividades supuestamente irregulares de su marido. En cualquier caso Doña Cristina ya ha satisfecho esa cantidad, que está consignada en la cuenta del juzgado.

Cuestión distinta es lo que se refiere a Iñaki Urdangarín. El fiscal pide para él 19 años y medio de cárcel por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, delito fiscal, blanqueo y estafa. A lo largo del procedimiento hubo varias ocasiones en las que parecía que iba a llegar a un pacto con la Fiscalía. Las fuentes consultadas por ABC afirman que a mitad del priocedimiento esa sentencia de conformidad habría sido posible si hubiera aceptado una condena de entre cinco y ocho años, que suponía el ingreso en prisión, además del pago de lo cobrado de forma indebida.

Ahora, el horizonte penal de Urdangarín es más incierto, aunque las fuentes consultadas consideran que su condena podría situarse en torno a los ocho años de prisión. Para él y para su mujer este caso no solo ha supuesto un calvario judicial, sino también personal, ya que primero fueron apartados de las actividades de la Casa Real y posteriormente Don Felipe retiró a su hermana el título de Duquesa de Palma de Mallorca, que le había concedido su padre, Don Juan Carlos, con motivo de su boda. Incluso, la presión en torno a ellos les llevó a cambiar de domicilio y a instalarse en Ginebra.

El tercer foco de atención es, sin duda, Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarín en el Instituto Nóos. Horrach pide para él 16 años y medio de cárcel, tres menos que a su antiguo amigo porque se le imputa un delito fiscal menos. También mantuvo negociaciones para llegar a un acuerdo con el fiscal, pero no fue posible en parte por su enfrentamiento frontal con Urdangarín, que solo cesó cuando comenzó el juicio.

Máximo responsable

Todos le señalan como el máximo responsable operativo del Instituto Nóos, mientras que su exsocio era quien se encargaba de las relaciones con las administraciones públicas para conseguir a dedo suculentos contratos, según la tesis de la Fiscalía.

El último de los principales implicados es Jaume Matas, ex presidente balear que durante el juicio admitió haber dado las órdenes para que se contratara a Nóos y además pagó la cantidad que le exigía el ministerio público. Eso le valió para que la petición de condena quedara en cinco años. Lo peor para él es que su paso por los banquillos no se va a detener con este juicio, al tener varios pendientes.

La trama del caso Nóos ha hecho correr ríos de tinta pero, en esencia, es muy sencilla. Dos personas, Urdangarín y Torres, comienzan a utilizar una entidad supuestamente sin ánimo de lucro –el Instituto Nóos– para, aprovechándose de que el primero es miembro de la Familia Real, firmar convenios de colaboración con entidades públicas a cambio de organizar unos eventos y prestar unos servicios que ni de lejos justificaban lo que se pagaba por ellos.

Luego, para que esas importantes cantidades llegaran a sus bolsillos utilizaban una trama de sociedades de su propiedad para facturar trabajos por ese importe al Instituto Nóos, vaciándolo así de fondos.

Para que este modus operandi fuera posible era necesario que los políticos se saltaran la normativa en materia de contratación. Lo hacían con el objetivo de mejorar su «prestigio social» al estar el marido de la Infanta directamente involucrado y con la justificación de que no era razonable que un miembro de la Familia Real cometiera irregularidades. El resultado, una pérdida de unos seis millones para las arcas públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana, a lo que hay que sumar el fraude a la Hacienda Pública por los delitos fiscales.

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